La directiva exige que todos los municipicios de la Unión Europea (UE) cuenten con sistemas de depuración, antes del año 2001 en el caso de los núcleos urbanos con más de 15.000 habitantes, y del 2006 en los municipios que tengan entre 2.000 y 15.000 habitantes.

Los datos del ministerio revelan que la situacón es especialmente negativa en Cantabria y el País Vasco, comunidades en las que ninguna ciudad cumple la directiva europea, aunque en Bilbao, Baracaldo, Basauri, Portugalete e Irún se han emprendido ya acciones correctoras, y en San Sebastián se están estudiando las medidas a adoptar.

En Castilla y León sólo Soria y León cumplen la normativa de la UE, mientras Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora deberán introducir mejoras en los sistemas de depuración actuales.

En Analucía superan el listón que impone la UE Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera, Marbella y algunas zonas de Sevilla; en Aragón Zaragoza; en Castilla-La Mancha Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Puertollano y Toledo; en Galicia Lugo, Orense, Santiago de Compostela y Betanzos; en Navarra sólo Estella y en Valencia zonas de Alicante y Benidorm, Alcoy, Castellón, Elche, Torrent y Valencia.

Extremadura ha realizado un esfuerzo significativo que permite a Badajoz, Cáceres, Almendralejo, Don Benit, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Villanueva de la Serena superar los requisitos de la directiva sin obras adiccionales.

Por el contrario, ciudades y localidades como Gijón, Oviedo, Aviles, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Torrelavega, Murcia, Cartagena, Pamplona, Logroño, La Coruña, El Ferrol, Pontevedra, Vigo, Villagarcía de Arosa, Ceuta y Melilla tendrán que construir nuevas infraestructuras o mejorar las ya existentes para adaptarse a la nueva legislación.

En la Comuniad de Madrid y Cataluña, el importante crecimiento que han experimentado durante los últimos años diversos núcleos urbanos hace que en algunos de ellos se requiera la adopción de medidas adicionales a las ejecutadas. Las ciudades de Madrid, Barcelona, Tarragona y Gerona cumplen la directiva, pero no Lérida.

INVERSIONES

De acuerdo con los criterios de la UE, sólo un 40,7% de la población española disponen en la actualidad de sistemas de tratamiento y depuración de aguas adecuados. Con las depuradorasactualmente en construcción, el MOPTMA espera alcanzar un porcentaje del 53,7% a medio plazo.

Para poder cumplir los plazos fijados en la normativa de la UE, el Plan Nacional de Saneamiento, aprobado el pasado mes de febrero por el Consejo de Ministros, prevé una inversión hasta el 2005 de 1,8 billones de pesetas.

Los principales problemas que presentan los municipios españoles en materia de depuración de aguas residuales se refieren a la obsolescencia de las instalaciones de depuración y de vertdo, la inexistencia de ordenanzas municipales que regulan el vertido al alcantarillado o el incumplimiento de las existentes, la escasa preocupación por el tratamiento y la presencia de redes de saneamiento urbanas con insuficiente capacidad o en estado deficiente.

Además, algunas de las plantas de saneamiento que operan en la actualidad cuenta con escasos medios humanos y materiales para su correcta explotación, ya que las tarifas y cánones no siempre cubren los costes correspondientes.

A estas eficiencias hay que unir el escaso control y seguimiento de funcionamiento de las depuradoras en algunas ocasiones por parte de las autoridades competentes y la nula preocupación que éstas demuestran a veces por el tratamiento y elmiminación de los fangos derivados de la depuración.

Aunque muchos ayuntamientos y comunidades autónomas han emprendido durante los últimos años planes de saneamiento y depuración, hay que tener también en cuenta los vertidos realizados por industrias que no cumplen con las ormas de emisión.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente estima que en España se producen más de 300.000 vertidos a las aguas, tanto superficiales como subterráneas, de los que aproximadamente 240.000 se efectúan a través de las redes urbanas. Del resto de los vertidos sólo un 23 por ciento tienen autorización.