Es una de las conclusiones del ‘I Barómetro Educación: Percepción del sistema educativo en España 2025’, un estudio cuantitativo elaborado por el Instituto de Investigación Metroscopia con el apoyo de la Fundación Unicaja, presentado este martes en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) que también confirma que la raíz de muchos de los problemas educativos no sólo está en las aulas, sino también en la gestión de las políticas educativas.

De hecho, el 81% de los españoles cree que las decisiones educativas responden a intereses políticos y no a las necesidades de la comunidad educativa. Es más, la encuesta muestra que el 59% de los españoles cree que la educación es hoy peor o igual de mala que cuando iban a la escuela, y sólo el 26% considera que la educación en España tiene una calidad equiparable a la de otros países europeos.

A esta desconfianza se suma la falta de prioridad hacia el alumnado en las políticas educativas. Sólo uno de cada cuatro ciudadanos (26%) considera que se tienen en cuenta las necesidades de los estudiantes a la hora de legislar o asignar recursos.

El estudio ha sido realizado en los últimos días de agosto y primeros de septiembre con un ámbito nacional a partir de 2.000 entrevistas (1.500 dirigidas a población general de más de 18 años y 500 entrevistas adicionales dirigidas a personas con higos en edad escolar).

SOCIEDAD CIVIL

Con estos datos los impulsores del informe concluyen que una nueva ley educativa, por sí sola, no resolverá la crisis del sistema, y que los ciudadanos reclaman un cambio que no dependa de los vaivenes políticos.

La presidenta del Comité Científico de la Cátedra EducAcción-UAM, Sonia Díez, subrayó que, pese a la realidad que muestra la encuesta sobre el desencanto hacia el sistema educativo, “hay un espacio importante para que la sociedad civil coparticipe y ponga en valor sus necesidades”. En este contexto, anunció un observatorio que trabajará con expertos y ciudadanía para mejorar la educación en España.

“La educación no es sólo cosa de pedagogos ni de padres y madres”, apuntó Díez, en referencia a la propuesta de que tomen parte en esta iniciativa empresas, el ámbito de la innovación y de la competitividad “y de una narrativa de país, cómo queremos ser como país cuando seamos un poquito más mayores”. El proyecto se marca un plazo de tres años para marcar unos “criterios claros de dónde dirigirnos”, “poner claro esos hitos en experiencias concretas que puedan obtener nuestros resultados” y, “a partir de ahí, legislar”.

Para la experta, se trata de tener ejemplos nacionales de buenas prácticas, “no de Finlandia o Corea”. "Esa hoja de ruta tiene que ser rápida, no podemos esperar a tiempos mejores, por eso pedimos la colaboración ciudadana", concluyó, instando a mejorar la educación pública, pues se sube de nivel "el resto se ve obligada a subir de la mediocridad".

"La inercia institucional no favorece a la educación, tampoco la burocracia ciega", ni el "tecnocentrismo" contribuye a que los alumnos sean "humanos". Díez también lamentó que ni "el inmovilismo político" ni "el miedo disfrazado de prudencia" ayudarán a mejorar el sistema educativo.