La política de vivienda ocupó buena parte de la reunión que hoy mantuvo Pérez con Gallardón, en la que el portavoz de IU trasladó al regidor que esas diez mil viviendas públicas asegurarían "el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna a unos precios que no la conviertan en un lujo, en vez de en un derecho".

Pérez detalló que de ese total, 7.500 se destinarían a alquiler con especial atención a los menores de 35 años y las 2.500 restantes a venta con distintos niveles de protección a través de gestoras públicas de cooperativas bajo la tutela de la EMVS".

"El objetivo", matizó, "es que las gestoras creadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo presten a los socios cooperativistas seguridad jurídica y solvencia económica que evite casos como los que se han dado en los desarrollos del sureste con cooperativistas que ya han adelantado dinero por una vivienda que ni tienen ni saben cuando tendrán".

Pérez apuntó que la propuesta trasladada al alcalde, que dijo que se ha comprometido a contestar punto por punto, también afectaría a la política de rehabilitación "con objeto de captar dos mil viviendas en ese mismo periodo de cinco años para su rehabilitación y puesta a disposición en alquiler".

Como aspectos puntuales de esta propuesta en materia de vivienda, de las 7.500 viviendas en alquiler, unas 5.000 se reservarían para jóvenes menores de 35 años con ingresos no superiores a 1,5 veces el Iprem (antiguo Salario Mínimo Interprofesional), lo que equivale a alrededor de 800 euros, y otras 2.500 para aquellos que ganen hasta dos veces el Iprem (algo más de mil euros al mes).