Esas fueron las palabras utilizadas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Ante el Parlamento de Cataluña, Montilla ha abogado por el entendimiento con el Estado pero siempre que se aborden las vías necesarias para recuperar lo que el Constitucional ha recortado del Estatuto, incluida una posible reforma de la Carta Magna o la aplicación del artículo 150.2, que permite la cesión de competencias estatales a una comunidad autónoma.

Fernández de la Vega aseguró que el Gobierno no tiene “prejuicios” para estudiar la propuesta de reforma, aunque subrayó que es necesario el consenso, también previo sobre “lo que se quiere tocar”, y además hace falta tiempo por la complejidad del procedimiento.

En todo caso, defendió la tesis de que la Constitución, y la interpretación que de ella hace la sentencia del Constitucional, ofrecen margen de maniobra suficiente para “encauzar” el ansia de autogobierno y el sentimiento identitario manifestados por el pueblo catalán, y hoy por hoy “ese es el ámbito” en el que hay que abordar ese asunto.

En opinión del Gobierno, en el marco político y jurídico avalado por el Constitucional “cabe el desarrollo” del contenido estatutario, incluso las cuestiones “más sensibles”, y eso es “lo más directo, lo más razonable y lo más lógico, hoy”.

Si el objetivo es “recuperar” el Estatuto refrendado, al menos “todo lo recuperable” tras la sentencia, el Ejecutivo cree que se puede lograr mediante reformas legales “sin necesidad” de modificar la Constitución.

Leída y analizada la totalidad de la setencia, el Gobierno mantiene la satisfacción expresada al conocer el fallo, en el sentido de que avala “mayoritariamente” el Estatuto y con él todos los llamados “de segunda generación”, es decir, el conjunto del modelo de desarrollo estatutario del Estado autonómico.

El Gobierno reitera, además, como ya hizo el presidente en el Debate sobre el Estado de la Nación, que juzga “legítima y respetable la frustración del pueblo de Cataluña” tras cuatro años de tensión y confrontación “insostenible” de la que culpó a la “irresponsabilidad del PP”.

Ahora lo único que queda es “trabajar para reconducir” la situación, y el Ejecutivo insiste en que ve “margen para ello” y también “voluntad política” por su parte y por la de la Generalitat de Cataluña.