Según informó este viernes el Ministerio, los beneficiarios que no hubieran informado de que dejaban de cumplir el requisito de renta y siguieron cobrando la ayuda tendrán que devolver las cuantías que se les abonaron cuando superaron los 22.000 euros de ingresos.

Vivienda también ha comunicado esta situación a las comunidades autónomas, encargadas de la gestión de la RBE -y por tanto de reconocer y retirar el derecho a cobrarla-, para que den trámite de audiencia a los afectados y verifiquen cuál fue su nivel de ingresos.

Mientras culminan las comprobaciones necesarias, el Ministerio ha suspendido cautelarmente el pago de la ayuda a los jóvenes (en los casos en que aún estuviera activo el derecho, pues otros casos están ya extinguidos), para "asegurar así que sólo reciben la RBE quienes tienen derecho a ella".

El Real Decreto 1472/2007, que regula la RBE, establece que para tener derecho a recibir esta ayuda el joven ha de disponer de una fuente regular de ingresos que le reporte unos ingresos brutos anuales inferiores a 22.000 euros.

Además, señala que el beneficiario tiene la obligación de comunicar "inmediatamente" ante su comunidad autónoma cualquier modificación de los requisitos por los que se le reconoció el derecho a la ayuda, entre ellos el nivel de ingresos, y que el incumplimiento de esta obligación supone la devolución de las ayudas percibidas.

En la carta enviada por el Ministerio, "sólo se avisa a los jóvenes afectados de su situación y se les anuncia que su comunidad autónoma se pondrá en contacto con ellos para que aporten la documentación necesaria para aclarar si dejaron de cumplir con el requisito de ingresos que fija el Real Decreto de la RBE".

Tras citar a los afectados, cada comunidad autónoma tendrá ahora que comprobar quiénes superaron efectivamente el límite de 22.000 euros y, en caso positivo, emitir una resolución retirándoles el derecho a las ayudas.

Desde el Ministerio apuntaron que "en los casos en que el beneficiario no comunicó en su momento que dejaba de cumplir este requisito, y por tanto, incumplió la obligación establecida en el Real Decreto, la comunidad autónoma iniciará el expediente de reintegro de las ayudas correspondientes, al que caben alegaciones".

Para comprobar que siguen cumpliendo con el requisito legal y objetivo de no superar los 22.000 euros de ingresos brutos anuales, el Ministerio ha consultado a la Agencia Tributaria cuántos beneficiaros superaron ese límite según su declaración de la Renta de 2008. Este control se repetirá para los ingresos percibidos en 2009 y sucesivos.