Así lo aseguró San Segundo en una entrevista en Servimedia con motivo de la publicación del estudio 'Aborto y síndrome de Down: propuestas desde el feminismo y los derechos humanos', elaborado por los investigadores Mónica Otaola y Agustín Huete.

El documento, que fue presentado ayer jueves en la sede de la Fundación ONCE de Madrid, evidencia el "sesgo eugenésico" existente en la sociedad y la "discriminación que se da en legislación española sobre el aborto" en relación a personas con discapacidad.

En este sentido, desde Down España afirmaron que el objetivo de esta investigación es abrir un debate que, aunque pueda resultar incómodo, es necesario porque "sigue habiendo ese sesgo por la parte médica de decir: lo mejor que puedes hacer es abortar", señaló San Segundo.

La investigadora de la Universidad de Salamanca, Mónica Otaola, explicó que el libro busca abordar el asunto desde una perspectiva feminista y humanista.

Según la investigación, las mujeres que reciben el diagnóstico de que sus hijos podrían tener síndrome de Down sienten "culpa" porque se consideran responsables, afirmó Otaola. Detrás de esa culpabilización de la mujer hay "una red de prejuicios hacia las personas con síndrome de Down que se pone en contexto cuando la mujer decide continuar con el embarazo", explicó la investigadora en Servimedia.

En la elaboración del informe, los expertos pudieron constatar que "las mujeres cuando toman la decisión, ya sea tanto de interrumpir como de continuar el embarazo, lo asumen como una decisión propia". Tanto es así, que las mujeres entrevistadas "decían que podrían entender" que su decisión de continuar o no con el embarazo podría conllevar una situación de "divorcio" de la pareja.

En este sentido, desde Down España llamaron a abrir una reflexión sobre la información que se traslada a los padres y especialmente a las madres cuando reciben un diagnóstico de síndrome de Down. "El embarazo, tanto para las mujeres como para la familia en general, es un momento muy vulnerable y la primera información que reciben siempre es por parte del profesional ginecólogo", destacaron.

La investigadora de la Universidad de Salamanca, Mónica Otaola, en Servimedia | Foto de Jorge Villa

Por ello, "el papel del ginecólogo, y de las matronas, es clave y por eso es tan importante hacer una labor de formación con estos profesionales para que la información en ese momento de extrema vulnerabilidad para la mujer ante la primera noticia sea adecuada", aseguró la investigadora.

Otaola también puso énfasis en que "es igual de importante lo que se dice como la forma en la que se hace" y así, reclamó que se respete y se dé tiempo a la mujer, así como información adaptada a cada persona para que pueda tomar una decisión tan trascendental en las mejores condiciones.

El estudio evidencia así mismo que el marco legal que establece la interrupción voluntaria del embarazo "ejerce mucha presión para las mujeres" y también para la comunidad sanitaria, afirmó Otaola. Los médicos se ven urgidos a informar con mucha rapidez a las familias "porque se les va a pasar el plazo para poder interrumpir el embarazo", el diagnóstico se apresura para que el "circuito" por el que pasa la mujer gestante se acelere, indicaron.

San Segundo y Otaola, durante su entrevista en Servimedia | Foto de Jorge Villa

LOS PLAZOS DEL ABORTO

El libro también señala que los profesionales sanitarios no quieren sentirse responsables “de una descendencia con necesidades de apoyo” y propone una revisión de la denominada ley de plazos (Ley Orgánica 1/2023).

"Las asociaciones somos absolutamente neutras" en relación con el aborto, argumentó San Segundo, que indicó que desde Down España lo que defienden es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, dijo que "no debería haber un plazo específico para abortos por discapacidad", ante lo que proponen ampliar todos los plazos.

"No sé cómo se podría hacer, pero lo que no nos parece bien en absoluto (...) a la discapacidad en general, es que haya un plazo específico para el aborto de personas con discapacidad. Eso rompe la igualdad, manifiesta que tener una persona con discapacidad, un niño con discapacidad o con síndrome de Down es una mala situación y entonces se produce esa desigualdad antes del nacimiento", aseveró el presidente de Down España.

Al mismo tiempo, desde la asociación explicaron que defienden que las familias tienen que informarse para conocer "cuál es la realidad de las personas con síndrome de Down, que sabemos que seguramente es muy distinta de la que a veces los médicos pintan".

Down España destacó a este respecto que la normativa española establece el plazo de 14 semanas para el aborto libre, pero si el feto tiene discapacidad, el plazo se amplía y la madre tiene 22 semanas para tomar su decisión. Algo que, en palabras de San Segundo, es "una hipocresía".

"No puede haber una contradicción entre lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha firmado, y la legislación española", aseveró San Segundo.