Así lo señaló Aagesen en unas declaraciones en el Congreso tras intervenir en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, donde el diputado del PP Guillermo Mariscal criticó la política energética del Gobierno, que tachó de “sectaria, fallida e irresponsable”.

La propuesta de planificación sometida a audiencia pública contemplaba una inversión de 13.600 millones para cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, pero tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas, ese volumen de inversión ha crecido hasta superar los 17.000 millones.

“Es la mayor inversión en redes eléctricas de este país, porque nuestra política energética ha generado un gran apetito inversor: más industria, más vivienda y más renovables”, valoró Aagesen.

Por ello, a diferencia de otras planificaciones anteriores, la demanda es la gran protagonista en esta ocasión, aglutinando el 41% de las propuestas recibidas, seguidas por la generación, con el 40%, y el almacenamiento, con el 19%.

Así, en el nuevo texto, tras la fase de alegaciones, las posiciones de la red de transporte para atender nuevas demandas en la red de distribución han crecido un 52% con relación a la Propuesta original, hasta alcanzar las 300, y las posiciones para consumo directo en transporte han crecido un 12%, hasta las 162. Igualmente, se han incrementado un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, hasta alcanzar las 59.

Tras la audiencia también ha aumentado el número de subestaciones un 17%, hasta las 193, así como la longitud de las líneas eléctricas previstas, que se eleva un 11% hasta los 6.706 kilómetros, a lo que se añade un incremento del 6% de las redes existentes repotenciadas, hasta los 8.164 kilómetros.

MERCADO DE CAPACIDAD

Por otro lado, Aagesen anunció también la publicación mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico español, “un instrumento que hará nuestro sistema eléctrico más robusto y resiliente”, según sus palabras.

Este nuevo mercado preservará la seguridad de suministro, ofreciendo a la par señales de inversión para que el almacenamiento y la gestión de la demanda se incorporen definitivamente al sistema y se avance ordenadamente hacia una economía neutra en emisiones de carbono.

El mercado de capacidad nace tras un intenso trabajo con la Unión Europea, que incluye la reforma de la normativa comunitaria para eliminar la condición de temporal de este tipo de mecanismos y la conformidad del modelo español con las reglas relativas a las Ayudas de Estado, obtenida a finales de mayo.

Las instalaciones de generación y almacenamiento, así como la demanda (los consumidores y los agregadores) podrán participar en este mercado, de ámbito peninsular. Percibirán una retribución por aportar firmeza y flexibilidad al sistema eléctrico, bien por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por reducir el consumo, siempre a requerimiento del operador del sistema.

La prestación del servicio se adjudicará con subastas tecnológicamente neutras de potencia firme (MW) y precio (€/MW/año), en las que se otorgará el precio ofertado (sistema pay-as-bid). Las centrales de generación no podrán emitir más de 550 gr/CO2/kWh, tendrán que cumplir los requisitos de firmeza y flexibilidad que fije cada subasta, y no cobrarán ningún tipo de retribución regulada.

Para incentivar la incorporación de tecnologías no fósiles, cuando se participe en las subastas con proyectos futuros (nuevas inversiones), éstos solo podrán ser de renovables, almacenamiento o demanda.

Se organizarán tres tipos de subastas, cuyo volumen y periodicidad dependerá de las previsiones de demanda y de las necesidades de potencia firme identificadas con los correspondientes análisis de cobertura a cinco años vista.

En las subastas principales, podrán participar las instalaciones existentes y los nuevos proyectos de renovables, almacenamiento o demanda que vayan a prestar servicio a partir de la fecha que fije la convocatoria, hasta cinco años después de la adjudicación. De este modo se garantizan ingresos a futuros proyectos, facilitando su viabilidad y abaratando su financiación.

El periodo de prestación del servicio será distinto en función del tipo de instalación (existente o nueva inversión) y del tipo de tecnología. Con carácter general, se celebrarán anualmente, siempre que se hayan detectado necesidades de firmeza, y la duración del servicio será de un año para instalaciones existentes, hasta 15 años para nuevas inversiones, y entre uno y 10 años para nuevas demandas.

Además, se celebrarán subastas de ajuste anual, donde sólo podrán participar instalaciones ya operativas, que prestarán el servicio durante 12 meses, a contar a partir de una fecha definida en la convocatoria, dentro de los siguientes 12 meses desde la adjudicación. Diseñadas para resolver situaciones coyunturales, deberían otorgar menos capacidad firme que las subastas principales, con las que convivirán.

Por último, habrá subastas transitorias, que garantizarán la firmeza del sistema eléctrico hasta el año de inicio de la prestación del servicio otorgado con la subasta principal. Se celebrará todos los ejercicios hasta entonces y podrán participar instalaciones existentes y nuevas inversiones, con un plazo de prestación anual.

La financiación del nuevo mercado de capacidad corresponde a la comercialización de electricidad y a los consumidores directos en mercado, por medio de precios unitarios diferenciados por segmentos tarifarios y períodos horarios coincidentes con los peajes de transporte y distribución.

De este modo, el sistema lo sufragarán en mayor medida los consumos que se produzcan en las horas con más estrés del sistema, que no podrán exceder el 10% del cómputo anual, y se darán señales para flexibilizar y desplazar la demanda a otras franjas horarias, aplanar la curva de carga y facilitar la gestión del sistema.

Finalmente, para dar más liquidez al nuevo mecanismo, se prevé la existencia de un mercado secundario de los derechos y las obligaciones adjudicados en las subastas, bien por cambio de titularidad de las instalaciones, bien por traspaso a otras instalaciones que cumplan los requisitos.