Así lo sostuvo Aagesen en una comparecencia en el Pleno del Congreso, donde explicó que la prórroga de Almaraz ha sido una decisión limitada a esa instalación, que justificó por la gran incertidumbre geopolítica actual.

Además, destacó que la autorización se produce sin concesiones fiscales ni ayudas a las compañías eléctricas por lo que no supone ningún impacto para los consumidores.

“La política energética sigue siendo una apuesta firme por las renovables, por el almacenamiento y por tener unas redes que permitan que la oferta y la demanda queden satisfechas”, prosiguió la vicepresidenta.

A este respecto, recordó que, según los cálculos de su departamento, mantener abierta la central de Almaraz hasta 2030 tendrá un impacto negativo de e menos de un 1,4% de la producción renovable ese año.