El fiscal jefe de Anticorrupción no ha solicitado la medida cautelar de prisión provisional para él, al considerar que no han cambiado las circunstancias desde que el pasado mes de junio se le impusieron comparecencias quincenales y la prohibición de su salida del territorio nacional. A su entender, no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, por lo que defiende el mantenimiento de las cautelares actualmente en vigor.

Por su parte, la acusación popular, bajo la dirección letrada del PP, ha solicitado prisión provisional para el exministro o en su caso que se decrete para él libertad bajo fianza. Sólo Adade no ha respaldado la petición, de entre las acusaciones.

Una vez celebrada la vistilla de medidas cautelares el instructor de la causa tiene sobre la mesa una decisión controvertida que deberá justificar en un auto, dada la condición de aforado de José Luis Ábalos.

Ábalos comunicó el pasado lunes al Supremo que renunciaba a su abogado, José Aníbal Álvarez, por “diferencias irreconducibles” que no constituían “una circunstancia puntual en el tiempo”, sino “constante” que le habría obligado a preparar su declaración sin su ayuda.

Las diferencias con su abogado se derivan de que el letrado era partidario de que el exministro comenzara a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y renunciara a su acta de diputado para que la causa pasara a la Audiencia Nacional.

En vísperas de su cita en el Supremo, Ábalos pidió a Puente que le designara un abogado de oficio. El instructor lo rechazó de forma tajante y en un durísimo auto dijo que veía en este momento un intento de eludir la comparecencia con una iniciativa en “fraude de ley”.

De hecho, el propio Ábalos ha dicho al juez que la renuncia a la defensa de Aníbal Álvarez no es “un fraude de ley” como dijo el instructor en un auto, y aseguró que el verdadero fraude de ley habría sido dejar el acta de diputado.