Después de tres años y medio, la caza deportiva del lobo ibérico está permitida desde el pasado 2 de abril gracias a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Desde el 14 de julio también se permite la actividad cinegética al sur de ese río.

El departamento legal del Pacma interpuso a comienzos de este mes de septiembre una querella contra responsables del Gobierno de Cantabria por presuntos delitos de falsedad documental y maltrato animal con agravante de muerte.

La acción judicial se dirige, entre otros, contra la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, a quienes se atribuye la aprobación y confirmación de la resolución del pasado 2 de abril que establecía un cupo de caza de lobos para la temporada 2025/2026.

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander admitió a trámite esa querella en un auto fechado el pasado 23 de octubre, en el que acuerda incoar diligencias previas y llama a declarar como investigados a Susinos y Serdio el próximo 12 de noviembre.

“Es la primera vez que un tribunal abre diligencias penales por el caso de la matanza de lobos en España”, aseguró este miércoles el Pacma, quien apuntó que Susinos y Serdio son “los primeros responsables políticos que deberán rendir cuentas penalmente por el cupo de caza del lobo ibérico aprobado por el Gobierno de Cantabria para la temporada 2025/2026”.

“AVANCE SIN PRECEDENTES”

Para el Partido Animalista, ese auto judicial representa un "avance sin precedentes" en la defensa del lobo ibérico, ya que hasta ahora las resoluciones judiciales sobre este asunto se habían limitado al ámbito contencioso-administrativo, sin llegar a investigar responsabilidades penales.

El Pacma acusa a los querellados de haber autorizado la muerte de ejemplares de lobo pese a conocer que su estado de conservación es “desfavorable/inadecuado” según los informes oficiales remitidos por España a la Comisión Europea, lo que podría convertir en ilegal cualquier autorización de caza o extracción.

Además, denuncia una presunta falsificación y manipulación de informes técnicos para justificar esas batidas, lo que vulneraría el Derecho comunitario.

El auto judicial ordena acceder a la solicitud de pruebas del Partido Animalista y requiere al Gobierno de Cantabria el expediente administrativo completo relativo a la resolución del 2 de abril, mediante la cual se estableció el cupo de extracción de lobos, así como un informe acerca de los peritos autores de cada uno de los documentos técnicos que consten en dicho expediente.