Aparicio respondió así a una pregunta de la senadora de la Entesa Catala de Progrés Marta Cid, quien le requirió sobre los planes del Gobierno para impedir estas práctias.En este sentido, el ministro indicó que su departamento está subvencionando a ONG e instituciones que se dediquen a luchar contra este tipo de actuaciones, que calificó como "absolutamente rechazables, injustificables y execrables, que no pueden ser amparadas en convicciones religiosas ni de otro carácter".

El titular de Asuntos Sociales añadió que se han dado instrucciones al Insalud para que se denuncien estos casos cuando se detecten en los centros sanitarios y consideró que no es necesario olicitar la actuación del fiscal, "puesto que es un delito claramente perseguible de oficio".

Asimismo, no se mostró partidario de reformar el artículo 149 del Código Penal, como propugna el PSOE en una proposición de ley, aunque dejó la puerta abierta a hacerlo, "mediante la vía del diálogo y el entendimiento" entre las fuerzas políticas.

Para Aparicio, es importante "persuadir y convencer a los estados en los que se realizan estas prácticas de su inconvenincia y de la condena desde los países ocidentales".

La senadora Cid cuestionó al ministro sobre el problema de la extraterritorialidad, es decir, la necesidad de perseguir estas prácticas aunque se realicen materialmente en el extranjero, a lo que Aparició contestó que se actuará "a través de los convenios internacionales y de los criterios de aplicación de normas de derecho extraterritorial que sean oportunas".