Así, la abogacía de la Comunidad ha hecho un llamamiento expreso para que sea el Gobierno de España quien facilite el marco normativo que reconozca este derecho, ya que Castilla y León es una de las comunidades que no tiene transferidas las competencias en materia de Justicia, por lo que depende directamente del Ministerio de Justicia.

“Los afectados por los incendios pueden verse inmersos en asuntos legales como la reclamación por responsabilidad patrimonial de la administración pública o en procedimientos penales que se sigan contra los autores de los incendios”, explicó el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, quien añadió que “son personas que han sufrido pérdidas patrimoniales importantes y a las que no debería exigirse presentar una documentación oficial que en algunos casos ya ni existe”.