El letrado comparecía hoy ante el juez para declarar en calidad de investigado en la llama ‘trama Leire’ para intentar torpedear las investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

Teijelo explicó al magistrado que fue contratado por el PSOE para realizar análisis de resoluciones judiciales y de varios procedimientos que afectaban a la formación y que cobró por ello, aunque algunas de sus facturas no se las abonaron cuando comenzó a defender a Cerdán por “incompatibilidad”.

En su declaración admitió haberse reunido en la Fiscalía con el entonces teniente fiscal de al Secretaría Técnica Diego Villafañe en marzo y en abril de 2025, cuando Álvaro García Ortiz era fiscal general. Estas reuniones aparecen en los informes policiales de la causa y han sido confirmados por la institución. Sin embargo, Teijelo negó haber presentado allí a Leire Díez como su compañera de despacho.

Tras reconocer las reuniones, fuentes de la Fiscalía aseguraron que al fijar esos encuentros, Villafañe no actuó siguiendo órdenes del entonces fiscal general.

Jacobo Teijelo declara este jueves como imputado ante el juez Pedraz, en el marco de la ronda de interrogatorios que terminará el próximo 14 de julio.

Pedraz considera que colaboró con la supuesta trama encabezada por la exmilitante socialista para anular causas judiciales que afectan al Gobierno o al partido mediante maniobras contra jueces, fiscales o responsables de la UCO.

Según los informes recogidos en el sumario, Teijelo fue designado por Díez "responsable" de las actividades del área de "hidrocarburos", y por esa tarea cobró al menos 125.000 euros del PSOE.

Este abogado está además vinculado a uno de los ahora imputados en esta causa, el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, al que defiende por el presunto fraude de hidrocarburos de la empresa Gaslow, propiedad de Claudio Rivas, socio del comisionista Víctor de Aldama.

COLABORACIÓN

Los investigadores sostienen que Teijelo se integró en las presuntas 'cloacas' en noviembre de 2024, cuando Aldama salió de prisión. El contrato para la prestación de servicios del letrado lo firmó la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que también figura como investigada en la causa. En las condiciones se fijan unos honorarios de 250 euros la hora, con un mínimo mensual de 15.000 euros y un máximo de 25.000.

Su función era el "asesoramiento y análisis de litigios penales", con tareas de estudio de causas, identificación de actores implicados y elaboración de escenarios jurídicos, siempre bajo una naturaleza "meramente consultiva" y sin capacidad de decisión.

Teijelo y el abogado Ismael Oliver se incorporaron así a la supuesta organización investigada como asesores jurídicos, bajo la coordinación de Leire Díez y siguiendo indicaciones de Santos Cerdán. En total, el abogado libró tres facturas al PSOE, la primera fechada el 20 de enero de 2025, que corresponde a los servicios prestados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 1 de enero de 2025, por un total de 75.000 euros (más IVA). Las otras dos facturas se corresponden a febrero y marzo, y tienen un importe de 25.000 euros.