La decisión de los letrados es una medida de presión para reivindicar que las autoridades judiciales trasladen a Puertollano uno de los dos juzgados de lo penal que estaban situados en la capital provincial.

Según Aurora Lorido, delegada del colegio provincial de letrados en esa localidad manchega, la obligatoriedad de celebrar la vista oral de los juicios abreviados en Ciudad Real, supone un perjuicio para los abogados, peritos y testigos que deben desplazarse de mod sistemático a la capital de la provincia.