Así lo asegura el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que ha informado de que los apoyos han venido de letrados y de decanos de distintos puntos del país.

Este ofrecimiento se menciona en un artículo publicado en su web y recogido por Servimedia, donde se detalla el viaje que esta semana realizó a la ciudad autónoma el presidente del CGAE, Salvador González, quien visitó la localidad española junto a Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social de Abogacía Española y decano del Colegio de la Abogacía de Cartagena.

La entidad que representa a los letrados españoles indica que, tras la avalancha migratoria de finales de julio, se ha ofrecido ayuda a sus compañeros ceutíes desde toda España. Esta asistencia se ha planteado tanto desde decanatos como por juristas a título particular.

MULTIPLICACIÓN DE LAS GUARDIAS

El CGAE explica que, mientras la carga de los abogados ceutíes crecía, “desde otros puntos de España comenzaron también a llegar llamadas de decanos y decanas de los Colegios de la Abogacía ofreciendo ayuda e incluso profesionales dispuestos a desplazarse a Ceuta si fuera necesario”.

“Un apoyo que se ha sentido también entre quienes están haciendo las guardias”, señala esta entidad. Así, apunta que Mario Gil Pacheco, miembro de la Junta y abogado del Turno, ha destacado especialmente “el respaldo recibido durante estas semanas y la disposición de compañeros y compañeras de toda España a estar a su lado en los momentos de mayor dificultad”.

Asimismo, la CGAE señala que la entrada de 80.000 personas desde Marruecos ha provocado que “las guardias de Extranjería han tenido que multiplicarse y que también se ha intensificado considerablemente el trabajo en las guardias del juzgado”. “La frecuencia llegó a generar preocupación por el ritmo que tendrían que asumir los compañeros, pero la respuesta se mantuvo”, se afirma.

Al mismo tiempo, se recuerda que, hasta finales de julio, tres profesionales atendían el turno de oficio de Ceuta. Sin embargo, tras la avalancha migratoria, la entidad que representa a los abogados españoles pidió un refuerzo al Ministerio de Justicia, lo que dio lugar a que este servicio se aumentase hasta 18 profesionales.