Según explicó a Servimedia Victoria Virtudes, portavoz de la clínica madrileña Dator, hasta un 90 por ciento de las mujeres implicadas en estos procesos son denunciadas por sus maridos y novios, que, en muchos casos, las han acompañado a hacer la interrupción del embarazo, e incluso lo han pagado.

"Pediremos a Cardenal mayor rigor a la hora de actuar ante estos casos, que son archivados en el 99% de las ocasiones. Estas mujeres no suelen llegar a juicio, pero depend del juez y del fiscal y de la interpretación que hagan".

Por ello, el movimiento feminista pretende conseguir un mismo criterio de jueces y fiscales en estos casos, para que ninguna mujer tenga que verse encausada por dicho motivo. "Sólo nos referimos a las mujeres denunciadas por sus parejas", insistió.

Otro de los problemas añadidos, explicó Victoria Virtudes, se producen cuando se inician procedimientos de separación, en los que sus parejas alegan la interrupción del embarazo como agravante ypoder así quedarse con la patria potestad de sus hijos, "jutificándolo en que una mujer que aborta es mala madre".

"Estas situaciones son doblemente injustas", añadió, "porque la ley es para todas las personas igual. La mujer que ha abortado sólo ejerce su derecho a acogerse a un supuesto de la ley y nadie tiene que poner en duda su honorabilidad", apuntó.