En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala absuelven al comisario jubilado de los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público al considerar que no consta que Villarejo tuviera participación en los hechos investigados. También absuelve a los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla del otro delito del que estaban acusados, el de cohecho pasivo.

En esta pieza número 8 del denominado ‘caso Tándem’, en la que no fue enjuiciado el socio de Villarejo en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, por motivos de salud, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una condena para el comisario de nueve años de cárcel mientras que para Riaño y Bonilla solicitaba ocho años y cuatro años y nueve meses, respectivamente.

Según los hechos probados de la sentencia, el 24 de julio de 2015, una vecina de Marbella, Marzena Kartzyna Nikiel, contactó con Rafael Redondo por su condición de abogado en ejercicio en el despacho Stuart&Mckenzie para que le ayudara en un conflicto que mantenía con el empresario Felipe Gómez Zotano.

En el marco de este encargo, unos días más tarde, el 18 de agosto, el inspector de Policía José María Serrano Ydigoras, destinado en la Comisaría General de Información, al igual que el acusado Constancio Riaño, también Inspector de la UCAO, jefe de sección de relaciones institucionales y superior inmediato de aquel otro, efectuó una incursión con la clave que tenía asignada, sin que ese acceso respondiera a supuesto alguno de los que le habilitaban a tal efecto, a la información de la totalidad de las Escrituras Públicas que había otorgado Gómez Zotano ante Notarios españoles y que obraban en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado (OCP).

Una vez se hizo con dicha información, relata la resolución, se la envió al acusado Constancio Riaño Prieto, conocedor de su procedencia, quien a su vez la mandó desde su correo electrónico profesional a la entidad Anbycol de Antonio Bonilla, entonces en situación administrativa de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía, quien estaba al tanto de su origen.

Este último, al día siguiente, envió la información al correo electrónico de Rafael Redondo en la compañía Cenyt, perteneciente al grupo de empresas del acusado José Manuel Villarejo Pérez (policía en activo en esa fecha) de la que también formaba parte la firma de abogados Stuart&Mckenzie. Con esos datos, el acusado Bonilla analizó la información notarial Zotano conforme al acuerdo suscrito con Cenyt.

El informe elaborado con los datos obtenidos del empresario, denominado 'Informe Prejudicial. Investigación prejudicial, patrimonial y análisis documental de Felipe Gómez Zotano', fue posteriormente incorporado al procedimiento penal incoado en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella a raíz de la admisión a trámite de la querella presentado por Marzena Kartzyna contra el ejecutivo marbellí.

“La información obtenida del OCP en la forma expuesta fue la que nutrió el informe de 7 de septiembre de 2015, no constando que en los acontecimientos descritos tuviera participación el acusado José Manuel Villarejo Pérez”, sostiene la Sala.