El sindicato destacó que 229 personas trabajadoras han muerto por infartos y derrames cerebrales durante la jornada laboral, lo que supone 42 muertes más que en los 10 primeros meses de 2021.

“Es una realidad que las personas trabajadoras están sufriendo las consecuencias de una deficiente gestión de los riesgos psicosociales en sus puestos de trabajo. Sin duda, las condiciones laborales en las que trabajan tienen influencia sobre su salud mental”, indicó UGT.

En este sentido, UGT criticó la “insuficiencia” del Plan contra la accidentabilidad mortal aprobado por el Gobierno, ya que se demuestra “ineficaz para reducir las cifras de accidentes mortales”. Para el sindicato, urge firmar la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo y dotarla de recursos económicos suficientes para acabar con la “lacra de la siniestralidad”.

Además, dijo que es “imprescindible” abrir de manera “inmediata” una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral, con el fin de acordar medidas urgentes que pongan fin a esta situación.

“UGT es parte de la solución, como sindicato mayoritario que representa y defiende los derechos de las personas trabajadoras de nuestro país. No puede repetirse el vacío que hemos sufrido en la firma del Convenio suscrito para la Investigación Eficaz y Rápida de los Delitos contra la Vida, la Salud y la Integridad Física de los Trabajadores y la Ejecución de las Sentencias Condenatorias, y para la toma de Conciencia Social de este problema”, ahondó.

A través de la citada mesa, el sindicato apuntó que se debe articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral “de forma inmediata, en el que no pueden faltar acciones para mejorar la gestión preventiva de los riesgos psicosociales de origen laboral, ya que la primera causa de muerte por accidente de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías que pueden estar relacionadas con la exposición a estos riesgos”.

Asimismo, UGT reclamó la creación de una figura a nivel estatal, similar al delegado de prevención territorial. Entre sus funciones se encontrarían hacer visitas a empresas y asesorar en materia de seguridad y salud en el trabajo en las pymes y micropymes donde no haya representación de los trabajadores.

Finalmente, exigió dotar a la Inspección de Trabajo de mayores recursos, tanto humanos como materiales, para “vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales”.