Según explicó Acción contra el Hambre, la reforma presupuestaria, presentada recientemente por la Comisión Europea, plantea una reestructuración de los fondos europeos en la que el FSE+ perdería su marco específico y se integraría en los llamados Planes de Asociación Nacionales y Regionales, bajo mayor control de los Estados.

Así, la organización dijo que este cambio supone un riesgo, ya que diluye el enfoque social del fondo, reduce su independencia y puede someter su gestión a prioridades políticas nacionales. Además, el presupuesto destinado a este instrumento se reduciría de 142.700 millones de euros en el periodo 2021-2027 a 121.000 millones entre 2028 y 2035.

Acción contra el Hambre subrayó también que estos cambios llegan en un contexto especialmente delicado, con más de 93 millones de personas en Europa en riesgo de pobreza o exclusión social.

Recordó, además, que el FSE+ no es solo una herramienta financiera, sino uno de los pilares del proyecto europeo, recogido en los tratados como mecanismo para promover el empleo, la cohesión social y la igualdad de oportunidades.

En este sentido, defendió que la inversión en inclusión sociolaboral no solo protege derechos fundamentales, sino que también es más eficiente desde el punto de vista económico que asumir los costes derivados de la pobreza y la desigualdad. Por ello, la entidad reclamó mantener tanto la financiación como el modelo actual del FSE+.

Asimismo, Acción contra el Hambre avisó de que la posible desaparición de un sistema común de gestión europea podría debilitar la cohesión entre Estados miembros, dejar en manos de cada país las prioridades sociales y reducir las garantías compartidas. Esta situación también podría excluir a las organizaciones sociales, que aportan experiencia, cercanía y capacidad de intervención con colectivos vulnerables, según añadieron desde la organización.

Ante esto, Acción contra el Hambre insistió en la necesidad de preservar el papel del FSE+ como eje de la Europa social, mientras continúan las negociaciones entre las instituciones europeas hasta 2026, que definirán el futuro de la inversión social en la próxima década.