En todo caso, la aplicación del código "no debe suponer la creación de estructuras superfluas en las sociedades, ni puede imponer tantas y tales obligaciones que generen en los equipos directivos de las sociedades cotizadas un proceso de justificación o cumplimiento que retraiga esfuerzos del quehacer empresarial de la sociedad", señala Aemec.

Tampoco considera Aemec que, en la protección del pequeño accionista, en particular, y en la defensa del buen gobierno y la transparencia, haya que optar entre la intervención legislativa o el modelo del código de recomendaciones.

El enfoque adecuado, en opinión de los accionistas minoritarios, es la combinación de ambos instrumentos, sumando recomendaciones estandarizadas con medidas de obligatorio cumplimiento, siguiendo el modelo Aldama y la Ley 26/2003, de 17 de julio, de Transparencia.

El Buen Gobierno es el resultado de la confluencia de instrumentos de carácter "blando" (voluntarios) y otros legislativos o vinculantes, apunta Aemec.

Los pequeños accionistas consideran que las cláusulas de blindaje deben quedar proscritas en las sociedades cotizadas y que el ordenamiento no debe permitir la apropiación de rentas por grupos de poder internos de la sociedad, ya sean accionistas de control, miembros de la administración o de la alta dirección.