Ferrer aportó hoy al resto de proveedores de Digsa un documento enviado a su despacho por los representantes financieros de la sociedad Henkel Ibérica en el que comunicaban que el pasado día 10 habían cobrado de Digsa un crédito por valor de 98.600.000 pesetas, y a la vez transmitían su deseo de desistir de la demanda de quiebra.

El letrado, que mantuvo una reunión conjunta con parte de los acreedores de Digsa y los medos de comunicación, se vió acusado por las industrias alimentarias de servir sólo a los intereses de Henkel, porque la dirección de la empresa negoció con Arthur Oakes, "hombre fuerte" de Digsa, que la cadena de distribución solicitaría la suspensión de pagos, en cuanto se retirara la demanda de quiebra.

No obstante, Ferrer indicó que no tenía constancia de que el juez de Zaragoza hubiera admitido a trámite la suspensión de pagos de Digsa y que los acreedores contaban con dos días para decidir su postra.

Manuel Ferrer insistió en matizar que su bufete desconocía posibles negociaciones entre Digsa y Henkel Ibérica, y aseguró que la petición de quiebra presentada "no había tenido por objeto hundir a Digsa sino reflotarla, negociando simultáneamente con posibles empresarios", además de garantizar los puestos de trabajo.