La asociación, que ejerció la acusación particular en este proceso, considera que la decisión del uez puede constituir una falta de las establecidas en la Ley Orgánica del poder Judicial, ya que consideran que pudo obrar con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

El vicepresidente de la ACT, Teodoro Mota, declaró a Servimedia que el interno -condenado a 30 años de prisión por delitos de falsedad, detención ilegal con desaparición forzosa, torturas y privación de derechos cívicos- no ha cumplido aún la cuarta parte de su condena, "lo que pudo ser una interpretación errónea por parte de juez".

Mota añadió que lo más importante, sin embargo, es que los hechos por los que se le encarceló "ocasionaron una alarma social y no se le pude conceder un permiso de salida a alguien que ha cometido delitos que atentan contra los derechos cívicos".

Subrayó asímismo que si han presentado esta protesta ha sido porque la ACT fue una parte acusadora del proceso "y nos sentimos perjudicados como tal".

Mota matizó que prefiere que sea el propio Consejo quien califique esta falta de leve o grve, "ya que todas las referencias que tenemos son por lo publicado en los medios de comunicación y, por ejemplo, nos choca mucho que se autorizara esa salida si, tal y como se dice, la Junta de Instituciones Penitenciarias se opuso a ello".