arcía Montes, que representa a José María Ruiz-Mateos en esta causa, justifica la petición en que Luis Roldán es el presunto autor de conductas ilegales "con transcendencia jurídica y social excepcional", como malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda Pública, falsedad, apropiación indebida y cohecho, según el escrito del letrado, facilitado a Servimedia.

Alega también que, si no se decretase prisión, se produciría un agravio comparativo "con el resto de la población reclusa en situción de prisión provisional y con la propia praxis diaria jurisdiccional y los parámetros para decretar prisión preventiva".

García Montes basa también su petición en "la duda que se plantea a los ciudadanos españoles" acerca de que el querellado pueda eludir la acción de la justicia, así como "la falta de colaboración del propio querellado con la presente investigación judicial e inclusive con la instrucción de la Comisión Parlamentaria, dentro de su legítimo derecho constitucional".

El abogado e la acusación popular esgrime también como argumento el "efecto ejemplarizador" que tendría en la sociedad una medida como la solicitada, y pone como ejemplo a los jueces italianos de la operación "Manos Limpias".

Estos magistrados, añade, "han aplicado la Ley en casos de enorme transcendencia jurídico-social para, cumpliendo con su derecho-deber de administración de Justicia, no dejar insatisfechas las expectativas de los ciudadanos".

La acusación popular ejercida en este caso por el abogado Macos García Montes en nombre de José María Ruiz Mateos presentó el 15 de diciembre de 1993 una querella criminal contra Luis Roldán.

A su juicio, ahora se ha demostrado que la querella estaba fundamentada y que "los hechos investigados por diferentes medios de comunicación han dado lugar a inclusive investigación extrajudicial de la correspondiente comisión parlamentaria".