Tribunales

Las acusaciones piden que se investigue el patrimonio de la asesora de Begoña Gómez

-Piden también la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

MADRID
SERVIMEDIA

Las acusaciones populares, bajo la dirección letrada de Hazte Oír, han pedido al juez Juan Carlos Peinado que investigue el patrimonio de Cristina Álvarez, asesora de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y que se investigue desde julio de 2018, fecha en la que fue nombrada asesora. Entre las diligencias que piden figura la solicitud de sus declaraciones de la Renta a la Agencia Tributaria ente ese año y 2024.

Estas diligencias se solicitaron tras la vista el pasado sábado en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, en la que se informó a los tres investigados por malversación en esta causa de que serían juzgados por un tribunal con jurado.

Entre las diligencias que solicitan las acusaciones populares destaca la petición de que declare como testigo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para “esclarecer el grado de conocimiento, supervisión, consentimiento o tolerancia” en el que pudo incurrir por su condición de jefe del Ejecutivo y esposo de la investigada, Begoña Gómez. También se pretende averiguar si estaba informado de una posible “desviación sistemática de recursos de la Presidencia del Gobierno para fines privados”.

Las acusaciones también piden que testifique el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ocupaba el cargo de secretario general de Presidencia en el momento de la designación de Álvarez. También solicitan que testifique Judit González, que ocupa ahora ese cargo, y la realización de un careo entre Alfredo González, exvicesecretario general de Presidencia, y la asesora.

Entienden las acusaciones que el uso de tiempo de su jornada laboral en Moncloa para atender asuntos “estrictamente privados” de Begoña Gómez supuso un perjuicio de 320.000 euros para las arcas públicas, cifra que extraen de sumar los salarios de Álvarez entre julio de 2028 y diciembre de 2024, el uso de bienes y servicios estatales y el consumo de medios tecnológicos, humanos y logísticos.

Según el escrito, estos comportamientos forman parte de un “patrón de desviación prolongada y consciente” que pone de relieve “una estrategia deliberada para detraer fondos y medios públicos en beneficio exclusivo” de la esposa del presidente.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizó un total de 121 correos intercambiados entre Álvarez y el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio a lo largo de tres años indica que los correos se enviaron desde la cuenta personal de la asesora y en su mayor parte fuera de su horario de trabajo habitual.

(SERVIMEDIA)
01 Oct 2025
SGR/mmr