Según explicó, la propuesta ministerial pretende incorporar expresamente al arancel la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre la minutación de las notas simples telemáticas. Entre otras medidas, toma como referencia un importe de 12 euros para las denominadas notas online sustitutivas de la información continuada, justificándolo en la transformación tecnológica de los registros y en la necesidad de financiar las infraestructuras necesarias para prestar el servicio.

Para la asociación, sin embargo, no existe una necesidad real de reformar el arancel, porque la normativa y la jurisprudencia ya fijan en 3,01 euros el importe aplicable, frente a los 12,03 euros cobrados en algunos casos. Además, considera que la reforma tendría como fin neutralizar la reciente sentencia del TSJ de Extremadura, al dar cobertura futura a un cobro que el tribunal ha considerado contrario a Derecho. ADAC añade, además, que la propuesta de reforma no incluye memoria económica alguna que justifique los sobrecostes que se proponen. Por ello, la organización pide retirar o reformular la propuesta, corregir los cobros indebidos y garantizar que cualquier cambio se apoye en datos económicos objetivos.

ADAC reprocha a la Dirección General que no haya adoptado medidas para corregir esos cobros indebidos, pese a los requerimientos formulados por la asociación y por numerosos profesionales y particulares, y que promueva ahora una modificación normativa que consolidaría los importes cobrados de hasta 12,03 euros, el cuádruple de lo fijado por Real Decreto y que han supuesto para los Registradores unos ingresos que algunas fuentes cifran en más de 150 millones de euros anuales.

“La respuesta institucionalmente correcta ante una sentencia que declara ilegal un cobro no es reglamentarlo, sino corregir esa práctica y resarcir a los ciudadanos afectados”, señala ADAC en sus alegaciones.

La documentación sometida a consulta no contiene, según la asociación, un estudio detallado de los costes reales del servicio y se apoya en información procedente del propio colectivo registral, “que tiene un interés económico directo en el importe finalmente aprobado”.

ADAC solicita que se hagan públicos el número anual de notas simples presenciales y telemáticas, las inversiones tecnológicas realizadas, las cantidades detraídas por el Colegio de Registradores sobre la facturación de estos servicios y los resultados económicos del Colegio y de los diferentes registros durante el periodo 2021-2025.

La asociación reclama, además, que estos datos sean auditados por un organismo independiente, como la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Solo así, sostiene, podrá determinarse si el incremento propuesto responde a los costes reales del servicio o supone una subida arancelaria injustificada para los ciudadanos.