Desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada, el 30 de julio de 1992, el Ministerio de Justicia e Interior canceló 248 permisos a empresas de seguridad e inscribió a 256 nuevas, lo que en opinión del Gobierno demuestra que el sector se están racionalizando.

Asimismo, el año pasado se abrieron 13 expedientes sancionadores a detectives privados y se suspendió cautelarmente a tres por su presunta implicación en actividades delictivas.