Si bien la Administración ha renunciado a su propuesta inicial de establecer una cobertura del 50 por cien de las bajas que se produjeran en los tres próximos años, finalmente ha aceptad realizar una oferta de empleo "selectiva, dependiendo de las necesidades de cada servicio".

Sobre la movilidad geográfica interprovincial, es decir, que el desplazamiento del empleado público fuera de su provincia de origen, se acordó que "sea imprescindible" negociarla con las organizaciones sindicales y los afectados.

Según UGT, la Administración no se ha pronunciado "por escrito" sobre la retribuciones para los funcionarios para el próximo año, aunque sí ha manifestado su intención de ofreceruna subida salarial según el IPC previsto y la creación de un fondo de mantenimiento del poder adquisitivo, sin especificar cómo calcularlo.

La Administración condiciona la recuperación de los siete puntos de poder adquisitivo perdidos en los dos últimos años por los empleados públicos, a la evolución de los principales índices macroeconómicos.

El próximo día 13 se reunirá la Mesa General de la Función Pública para concretar dichos puntos.