Estos servicios ya sufrieron restricciones en aquel país en la década de los 80, debido a la recesión económica que se produjo entonces, y podrían volver a verse mermados como consecuencia de la crisis actual, advirtió John Dolan, presidente de la mencionada federación, que agrupa a 100 entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la asistencia a personas con discapacidad.

Por ello, la Federación de la Discapacidad de Irlanda ha anunciado que se opondrá a los recortes de los fondos públicos destinados a la asistencia a los más vulnerables, aunque reconoce que es necesario garantizar la relación calidad precio de los servicios a personas con discapacidad financiados por el Estado irlandés, y que es necesaria su reorganización.

Dolan subraya que si se dejan de desarrollar los servicios e infraestructuras para la discapacidad, éstos tendrán más dificultades para recuperarse cuando se supere la crisis económica actual, igual que ocurrió tras la que se produjo en los 80.

En respuesta a estas críticas, John Moloney, ministro responsable de discapacidad en Irlanda, se ha comprometido a garantizar que se financie suficientemente la asistencia a personas con discapacidad a pesar de las presiones presupuestarias.

Moloney podría emprender en breve una amplia revisión sobre cómo invierten los fondos públicos que reciben las 600 organizaciones de voluntariado que prestan servicios a personas con discapacidad en Irlanda, y pedirles que colaboren con el fin de evitar duplicaciones en su trabajo.