El Ayuntamiento, que defiende la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa del ejercicio 2026 por gestión de residuos, solicitó a ese Tribunal que plantee cuestión de inconstitucionalidad contra la norma estatal que obliga a establecer la tasa, según un comunicado de Aedaf.

Entre los motivos invocados por el Ayuntamiento está que la ley no define los elementos esenciales de la tasa y alegó que el propio Ministerio de Hacienda tuvo que elaborar un documento interpretativo para suplir la omisión del legislador.

Por otro lado, apuntó a la vulneración de la autonomía financiera local, pues la obligatoriedad de la tasa “priva a las entidades locales de la decisión básica sobre la creación y configuración de tributos propios” cuando, hasta ahora, la decisión de como sufragar los servicios de recogida de residuos siempre había quedado en manos de los Ayuntamientos.

El Ayuntamiento también dijo que la obligación de que la tasa sea “no deficitaria” genera dudas de constitucionalidad y advirtió de que la exigencia de una tasa estrictamente no deficitaria, aplicada de manera mecánica e inevitable, puede provocar que incrementos estructurales del coste del servicio se trasladen automáticamente a la cuota tributaria.

Aedaf insistió en ese reconocimiento que hace el propio Ayuntamiento sobre el impacto de esta situación en los contribuyentes y lamentó que la ausencia de un marco legal común haya provocado una multiplicidad de regímenes dispares y un trato desigual entre ciudadanos.

Para Aedaf, el hecho de que sea la propia Administración que exige la tasa quien pida cuestionar ante el Tribunal Constitucional la ley habilitante “confirma la solidez de las dudas jurídicas que rodean a esta figura tributaria y la inseguridad jurídica a la que se ven sometidos millones de contribuyentes”. La Asociación recalcó “la necesidad de un marco legal claro que garantice la igualdad de trato y el respeto a los principios constitucionales en materia tributaria”.