En concreto, el documento aludió al impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre transmisiones y donaciones, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IPRF), además del impuesto sobre sociedades. También se habló de la ley de financiación de las comunidades autónomas.

El presidente de Aedaf, Bernardo Bande, recordó que la empresa familiar representa el 92,4% del tejido empresarial español, y precisó que las propuestas del documento “no suponen ninguna rebaja fiscal ni privilegio alguno”, sino que se centran en la mejora de la calidad normativa, el refuerzo de la coherencia técnica y la reducción de la conflictividad tributaria.

Por su parte, la coordinadora del Grupo de Expertos en Imposición Patrimonial y Empresa Familiar, Estrella Martín, recordó que las instituciones europeas, recomiendan “marcos normativos tendentes a facilitar la sucesión de la empresa familiar”.

Martín precisó que la jurisprudencia y la doctrina administrativa “sugieren la necesidad de una revisión total y técnica del régimen fiscal de la empresa familiar”.

En referencia a los incentivos fiscales previstos por el ordenamiento jurídico español para la fiscalidad de la empresa familiar, Martín denunció la existencia de “conflictividad tributaria” y de “inseguridad jurídica”, producidas por los criterios interpretativos de la Dirección General de Tributos, que tachó de “contradictorios” en algunas ocasiones.