El Informe Anual del Defensor del Pueblo revela que en 2025 se puso de manifiesto una "situación preocupante" que afectaba, al menos, a los dos principales aeropuertos nacionales, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat debido a la permanecían en ellos de "centenares de personas sin hogar en pasillos, terminales y zonas de tránsito de sus instalaciones".

En aquel momento, el Defensor del Pueblo visitó las dependencias del aeropuerto de Madrid y solicitó información al Ayuntamiento de Madrid, al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, así como a Aena, por ser la entidad que gestiona los aeropuertos de interés general en España. Así, según detalla el Informe, "mientras que para el aeropuerto de El Prat las administraciones habían acordado la manera de gestionar este asunto de una forma coordinada, en el caso del de Madrid la adopción de medidas se retrasó y dio lugar a una imposición de restricciones de acceso de personas al aeropuerto, por parte de la entidad gestora". "Sobre este asunto, Aena no remitió toda la información solicitada por el Defensor del Pueblo", recoge el documento hecho público este martes por la institución que lidera Ángel Gabilondo.

En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, tras conocerse que se había iniciado la intervención social con las personas que permanecían en el aeropuerto, el Defensor formuló tres recomendaciones al Consistorio para garantizar recursos suficientes de acogida para personas sin hogar; mejorar la vinculación con los servicios sociales de estas personas para favorecer su integración laboral y facilitar el trámite de empadronamiento, "dado que una parte significativa de estas personas tiene empleo, pero no pueden cubrir sus necesidades básicas"; y otra recomendación en la que se invitaba al Ayuntamiento a impulsar la colaboración con Aena.

PERSONAS SIN HOGAR

La emergencia social que supone la situación de las personas sin hogar o en riesgo inminente de quedarse sin casa, recoge el documento, fue motivo de preocupación en la institución el pasado año. De este modo, el Defensor recibió quejas en relación a los servicios sociales a los que habían acudido las personas en esa situación solicitando ayudas específicas para encontrar una alternativa habitacional de emergencia.

En estos casos, los servicios sociales municipales suelen ofrecer "una respuesta positiva", trasladando al Defensor información sobre las intervenciones y prestaciones que se han gestionado para ayudar a los ciudadanos que se encuentran en estas situaciones, a veces de extrema de vulnerabilidad.

Según la memoria del Defensor del Pueblo, entre las diferentes ayudas que los servicios sociales ofrecen ante estas situaciones se encuentran las ayudas para el pago de alquileres, los suministros básicos o el transporte y ayudas para la compra de alimentos y bienes de primera necesidad. "Pero en otras ocasiones, algunos ayuntamientos alegan la falta de un parque municipal de viviendas públicas, al tiempo que dan cuenta de la derivación ofrecida a los afectados para que acudan a los recursos autonómicos en solicitud de vivienda social pública", detalla.