En este sentido, reclamaron al PSOE que retire las enmiendas presentadas puesto que, a su juicio, en la actualidad, no respetan el “espíritu” del texto que fue impulsado por unanimidad de todos los partidos del Parlamento Vasco.

La proposición de Ley plantea la ubicación orgánica del Fondo en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y una estructura de financiación con partidas de los Presupuestos Generales del Estado, de fondos de Seguridad Social y por las indemnizaciones obtenidas a través de la subrogación del derecho a litigar a favor del fondo.

Sin embargo, lamentaron que las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista “vulneran el espíritu” de la ley, situando el fondo en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, “y negando el acceso a partidas económicas procedentes de Seguridad Social”.

JUSTICIA SOCIAL

En la concentración, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró que la puesta en marcha de este fondo es “un acto de justicia social”, porque el amianto ha provocado “daños irreparables a decenas de miles de personas”, puesto que se siguió utilizando pese a que ya se conocía que era un material perjudicial. “El Congreso tiene que hacer este acto de justicia social y lo tiene que hacer sin ser cicatero”, enfatizó.

En su opinión, no son “cantidades de dinero que no pueda asumir el Estado”, ya que “puede y debe” hacerlo. Por ello, exigió al PSOE que retire sus enmiendas y que se sitúe el fondo en la Seguridad Social.

Además, el secretario general de UGT alertó de que con el amianto todavía faltan “capítulos” por cerrar, explicando que sigue estando esta sustancia en lugares como colegios o el metro de Madrid.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, denunció que la lucha de las víctimas del amianto y los sindicatos “ha sido un viacrucis” en el que han estado “a la contra” las empresas, las mutuas y, en ocasiones, la propia Seguridad Social. Por ello, lamentó que ahora hay muchas empresas que ya no existen para poder compensar a las víctimas, de forma que estos trabajadores “merecen el reconocimiento y la compensación económica por su dolencia”.

“No se puede fallar a las víctimas que han perdido la salud por trabajar con una sustancia que se sabía que provocaba efectos letales sobre la salud de los trabajadores”, remachó Sordo.