Durante su intervención en un encuentro informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia en Sevilla, Cortés defendió la necesidad de avanzar hacia un "nuevo marco normativo nacional e internacional ante el crecimiento exponencial de la actividad orbital" y recordó que la AEE está “a cargo del primer borrador de la ley espacial y de la política espacial española, que nunca ha habido hasta la fecha”.

Cortés situó la regulación como uno de los grandes desafíos estratégicos del sector espacial en la próxima década. A su juicio, la "expansión acelerada del sector" exige una regulación urgente del espacio orbital terrestre, que actualmente ya cuenta con 14.000 satélites", principalmente en órbitas bajas (LEO), asociadas a "constelaciones de conectividad y observación en tiempo real", y en el que se podrían superar los 100.000 en 2030.

“El activo espacial es un activo que no es nuestro. Es un activo de la humanidad, para las futuras generaciones”, afirmó Cortés, quien advirtió de que el entorno orbital no pertenece a ningún Estado concreto y su preservación resulta esencial para "garantizar servicios críticos como navegación, comunicaciones, teledetección o seguridad".

Recordó que la única reglamentación universal vigente data de 1967 y alertó de que “se están lanzando a orbitar constelaciones fuera de cualquier reglamentación”, en referencia al despliegue masivo de satélites en órbita baja impulsado por grandes potencias y operadores privados tras los cuales están milmillonarios.

LEY COMPATIBLE CON EUROPA

Cortés explicó que la futura Ley Espacial española será una norma nacional de actividades espaciales, en coordinación con las comunidades autónomas, y "plenamente compatible con la futura regulación europea" (el denominado Space Act), pero con foco en competencias propias del Estado: “Queremos hacer algo que regule, por ejemplo, la matrícula de satélites, y el registro”. La norma abordará aspectos como la autorización de actividades, la responsabilidad en caso de incidentes, la sostenibilidad orbital y las condiciones que deberán cumplir los operadores para no generar basura espacial.

“Dentro de la ley pondremos de manifiesto las condiciones que tienen que cumplir los diferentes actores espaciales para no generar basura espacial o para mantener un espacio sustentable”, añadió. El objetivo además incluye "dotar al sector de seguridad jurídica, ordenar la creciente actividad industrial y reforzar la posición española en los foros internacionales".

La urgencia regulatoria se enmarca en un sector en plena expansión. Cortés recordó que la economía espacial superó en 2024 los 500.000 millones de dólares, con un crecimiento sostenido entre el 7 % y el 9 % anual, y previsiones que apuntan a superar 1,8 billones en 2035. Sin embargo, destacó que el 85 % de la inversión en espacio procede de fondos públicos, lo que "refuerza la idea de que el espacio es, en gran medida, un bien público". La AEE gestiona actualmente un presupuesto anual que ronda los 700 millones de euros y "ha incrementado de forma notable la participación española en programas europeos". En el ámbito de la Agencia Espacial Europea (ESA), España ha pasado de una participación anual de 32 millones a 435 millones, en lo que calificó como “el mayor incremento” histórico.

COORDINACIÓN

El director defendió que la regulación debe ir acompañada de coordinación institucional para evitar duplicidades y maximizar el impacto industrial. Destacó la existencia de un comité de coordinación con las comunidades autónomas y subrayó que la política industrial espacial debe ser “equilibrada”. “No puede haber una propuesta donde el 70 % del presupuesto vaya a una empresa y el resto con un papel menor”, afirmó, al defender "la participación real de pymes y startups en los consorcios". Por ello, recordó que la AEE "ha impulsado incubadoras de empresas, cinco actualmente y tres adicionales en breve, con el objetivo de transformar talento en tejido industrial competitivo".

Cortés advirtió de que el entorno espacial no solo está congestionado, sino también tensionado desde el punto de vista estratégico. “El espacio está ya militarizado y ya hay armas en órbita”, señaló en otra parte de su intervención, una circunstancia que añade "complejidad a la gobernanza y refuerza la necesidad de reglas claras". En paralelo, aseguró que "Europa ya ha tomado conciencia de la importancia de la sostenibilidad orbital" y de la necesidad de preservar el espacio como infraestructura crítica para la economía y la seguridad.

Finalmente, subrayó que la regulación y el desarrollo del sector "deben tener un retorno tangible para la ciudadanía". Recordó que la AEE cuenta con una dirección específica de 'Espacio y Sociedad' orientada a la divulgación y a explicar “en qué se invierte el dinero del contribuyente en programas espaciales” y cuál es el impacto de esas inversiones.

“El activo espacial es un activo de la humanidad”, reiteró, insistiendo en que el marco normativo que España prepara busca garantizar que el desarrollo orbital se produzca de "forma ordenada y compatible con los intereses colectivos" en un entorno "cada vez más estratégico para la economía y la seguridad global".