Así lo defendió este viernes en rueda de prensa la secretaria de Estado, Rosa Martínez, durante la presentación de la primera entrega del Panel del SAAD de 2026, correspondiente al primer trimestre del año.

Además, la norma busca agilizar el acceso a prestaciones aumentando el catálogo de servicios, poniendo fin a la incompatibilidad entre prestaciones y reconociendo automáticamente un 33% de discapacidad a las personas dependientes.

Entre otras medidas, esta reforma va a permitir eliminar incompatibilidades entre prestaciones y actualizar la cartera de servicios, reforzando recursos esenciales para la autonomía como son la asistencia personal y los servicios de proximidad y comunitarios como los centros de día que, son, para Martínez, los que tienen “mayor potencial en el cambio de modelo” y cuyo desarrollo es “uno de los objetivos centrales de la reforma de la ley”.

“Estos servicios, todavía poco extendidos, son clave para consolidar un modelo que priorice la elección y la vida en comunidad a lo largo de todas las etapas de la vida”, agregó el ministerio.

MÁS MEDIDAS

La norma, además, ampliará la ayuda en el domicilio, regulará la asistencia personal profesional y reconocerá la teleasistencia como derecho y también busca reorientar la definición de esos centros de día para que los gobiernos autonómicos, que son las autoridades competentes, puedan desplegar las medidas necesarias para maximizar su carácter comunitario y personalizado.

Martínez destacó que “consolidar” el “avance” hacia un sistema “centrado en la persona” es “uno de los objetivos la reforma de la ley”, que tiene “dos obligaciones principales”, como son eliminar las incompatibilidades de las prestaciones y ampliar la cartera de servicios y reforzar recursos “con gran potencial como para para transformar el modelo”, como la asistencia personal y los centros de día o la ayuda social.

La reforma, a su entender, “se convierte en un elemento imprescindible para dar ese salto cualitativo y de adaptación a las nuevas realidades sociales que el sistema necesita”.

“Estamos demostrando que el sistema puede atender a más personas, ahora necesitamos un marco normativo que garantice, en primer lugar, que la atención es adecuada, que llega en el momento adecuado y que se da en el entorno que cada persona elige”, apostilló, convencida de que “los datos avanzan, el modelo avanza y la reforma va a ser esa gran guía que va a permitir que este avance sea sólido, sostenible y justo para todas las personas en todas las etapas de su vida”.

En paralelo, expresó la “voluntad” del ministerio de “flexibilizar también la cartera de servicios” para que “puedan adaptarse mejor a las necesidades de las personas” y subrayó que la reforma de las leyes “va a ayudar también, porque simplifica procesos administrativos”. “Entre el esfuerzo que se están haciendo desde las comunidades autónomas y la reforma de la ley podemos ver resultados en los próximos años”, avanzó.

INCOMPATIBILIDADES

Por lo que respecta a la eliminación de incompatibilidades, Martínez aseveró que esta obligación “quita cualquier excusa o coartada a las comunidades autónomas” para mantenerlas.

“De todas maneras, estamos estudiando, en el trámite parlamentario, poder introducir mejoras que efectivamente consoliden” esa eliminación “sin invadir competencias” de las autonomías “para reforzar esta cuestión”.

Con todo, estimó que, “en general hay una voluntad y hay un compromiso por parte de las comunidades autónomas por reducir la lista de espera y por continuar aumentando el porcentaje de servicios que se ofrecen” y defendió que “el futuro es la combinación de servicios y prestaciones”.

Para el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad va a permitir “culminar” la evolución hacía un sistema de cuidados “flexible” y capaz de responder a las necesidades individuales de las personas y de sus familias, en línea con la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad.

AMPLIO APOYO

El gabinete de Bustinduy recordó, además, que la reforma de estas dos normas al mismo tiempo ya ha sido aprobada por el Gobierno y recibió un “amplio apoyo” del Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación parlamentaria y ahora se encuentra en proceso de negociación con los grupos parlamentarios.

Ante la situación de crecimiento constante de solicitudes, Derechos Sociales ve “fundamental” que la reducción de los plazos vaya acompañada de un acceso “más justo y adaptado a las necesidades individuales” de cada persona, extendiendo prestaciones que “refuercen” la autonomía personal, como la asistencia personal o los programas de vida independiente.

En este sentido, además de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, Derechos Sociales reivindicó el trabajo que el Estado está realizando tanto para garantizar que España cuente con las profesionales necesarias ante el reto demográfico como el esfuerzo en el importante aumento de la financiación del sistema.

Por último, señaló que, desde el año 2020, la financiación del Sistema de la Dependencia por parte de la Administración General del Estado ha crecido en un 150% y se ha triplicado desde 2014.