Así lo indicó este lunes el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, antes de la reunión del Consejo Nacional de la Discapacidad, que abordó la situación del proyecto de ley que se debatirá mañana en el Pleno del Congreso de los Diputados para continuar posteriormente su tramitación en el Senado.

Pérez Bueno recordó que la norma desarrolla la reforma del artículo 49 de la Constitución, aprobada hace algo más de dos años, y que reconoció derechos vinculados a la inclusión social, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la participación de las personas con discapacidad. A su juicio, esos principios debían proyectarse sobre las dos grandes normas que regulan la atención y los derechos de este colectivo: la Ley General de Discapacidad y la Ley de Dependencia.

“Es una ley buena porque todo lo que tiene es positivo, favorece la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad y sus familias”, afirmó el presidente del Cermi, quien pidió a todos los grupos parlamentarios que respalden el texto. “Hemos pedido a todos los grupos que no haya nadie que se descuelgue, que todos la puedan apoyar; sería deseable que saliera por unanimidad o, al menos, con toda la mayoría”, añadió.

El dirigente asociativo destacó además el proceso de diálogo civil que ha acompañado la elaboración del proyecto y agradeció “la participación de la sociedad civil, del Cermi y de todas sus organizaciones”, así como el trabajo desarrollado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Desde la Fundación Cermi Mujeres, su patrona y presidenta del Cermi Andalucía, Marta Castillo Díaz, calificó la reforma como “un hecho histórico en avances legislativos para el colectivo de personas con discapacidad” y aseguró que supone “un cambio de paradigma” al pasar “de un modelo asistencialista a un modelo basado en los derechos”.

Entre las novedades, destacó la protección específica de las mujeres y niñas con discapacidad, el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, la futura ley de reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas y la consideración como “infracción grave” de los espectáculos que denigren a personas con acondroplasia u otras displasias óseas.

Por su parte, la vicepresidenta de Servicios Sociales y Participación y Oncerca del Grupo Social ONCE, Imelda Fernández Rodríguez, subrayó que uno de los principales avances consiste en que “el derecho de accesibilidad pasa de ser un principio, de ser una aspiración, a ser un verdadero derecho respaldado por obligaciones, medidas e instrumentos concretos”.

A su juicio, la financiación prevista permitirá impulsar la accesibilidad en ámbitos como el patrimonio histórico, los edificios residenciales, los bienes, productos y servicios, lo que “nos hace más iguales a todas las personas”.

El presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, valoró que el proyecto incorpore “elementos muy importantes” para reforzar los derechos de las personas con problemas de salud mental, especialmente el impulso a la atención comunitaria, la autonomía y la participación en la toma de decisiones.

Finalmente, la vicepresidenta de la Confederación Autismo España, Soledad Guerrero Ferrer, puso en valor que la norma reconozca el papel de las familias dentro del sistema de apoyos y consolide la atención temprana como un derecho subjetivo.

Además, reclamó que este derecho “esté garantizado en todo el territorio con financiación suficiente” y que los apoyos cuenten con profesionales especializados para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.