Así lo precisaron fuentes del Gabinete liderado por Pablo Bustinduy después de que la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso aprobase, por 20 votos a favor y 17 en contra y con el ‘no’ de PP y Vox, el dictamen de la reforma.

El proyecto modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para adaptarlas al artículo 49 de la Constitución española.

Los partidos que forman parte del Gobierno han incorporado una enmienda para que la financiación estatal de la dependencia sea del 50%, después de que el Ejecutivo central “haya cumplido su compromiso de alcanzar este objetivo incrementando en 6.200 millones de euros su aportación a las comunidades autónomas”, abundaron.

En este contexto, hicieron hincapié en que actualmente la ley “no indica que la aportación estatal en dependencia deba llegar al 50%”, pero el Gobierno de coalición “asumió este compromiso político, que ahora se convertirá en norma a través de esta enmienda”.

Las mismas fuentes criticaron que el PP “ha votado en contra de esta enmienda” y lo ha hecho “a pesar de que este partido gobierna en numerosas comunidades autónomas” y sus Gobiernos regionales “llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%”.

“En la década pasada, cuando el PP estaba en el Gobierno, recortaron en más de 5.000 millones de euros el sistema de la dependencia durante los mandatos de Rajoy”, resolvieron.