La reforma, que contó con el voto en contra de PP y Vox, tiene como objetivo reforzar los derechos de las personas con discapacidad en materia de inclusión, autonomía y accesibilidad universal, conforme al artículo 49 de la Constitución.

Tras la ratificación de la ponencia, durante el debate para emitir dictamen, que se celebró en sesión extraordinaria, por el PP, Enrique Belda, subrayó que para el PP las personas con discapacidad y su representación tienen su “total apoyo, simpatía y compromiso” y criticó que es “más difícil moverse” por el texto final que “por una calle de Tokio en hora punta”.

“Mañana mismo puede haber acuerdo si se separan los beneficios para el sector de los temas de dependencia general”, abundó, convencido de que “lo que hay de bueno” en el documento “lo ha aportado el sector de la discapacidad”.

Belda avanzó su no al informe e incluso retiraban sus enmiendas “pasados meses de exigir una mínima documentación” sobre el sistema de dependencia. “Sin esa mínima garantía, estaríamos cronificando la frustración de las personas dependientes; ni siquiera es posible que dejemos mantener las enmiendas para que sean mal utilizadas en un proceso de transacción que ha empeorado la calidad normativa del proyecto”, apostilló.

SIN FINANCIACIÓN NO HAY ACUERDO

En este contexto, aseveró que, “con tiempo, si nos dicen cómo pagan a partir del 27 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo incluso antes del pleno”.

“Estamos de acuerdo en mil cosas, desde los facilitadores, a los temas de cuidados o los complementos, pero las cuentas están mal hechas”, lamentó, convencido de que, ni aun con los 6.200 millones adicionales aprobados por el Gobierno hace unos días “llega para pagar lo que se debe; es una mera aportación inicial a un proceso que debió hacerse la legislatura pasada y a finales del 26 requerirá al menos cuatro veces más fondos”.

En este punto, afirmó que el PSOE les tiene “fuera del consenso por exigir que los políticos no legislen con criterios arbitrarios y que, con seriedad, digan cómo van a afrontar el gasto público del futuro”.

“Queremos contribuir al desarrollo del artículo 49 de la Constitución y lo vamos a hacer”, prosiguió, al tiempo que pidió un “acuerdo nacional para ver si estas prestaciones se pueden o no mantener”.

Por todo ello, adelantó que el PP se subirá “al barco en el momento en el que reflejen fuentes de financiación previstas sobre estimaciones reales de beneficiarios” y les dará la “oportunidad” de demostrar que están “equivocados en la denuncia de falta de fondos tras el paso por el Senado.

DUDAS SOBRE LA MEMORIA ECONÓMICA

En la misma línea, por Vox, Blanca Armario lamentó que su formación ha presentado “muchas iniciativas” y que se han “vetado algunas sin tener en cuenta que son beneficiosas” para estas personas y sus familias, con las que su “compromiso está presente en todos los rincones de España”.

“Por respeto a estas personas hemos analizado el proyecto con rigor y empatía”, añadió, al tiempo que señaló la “preocupación” porque la ley garantice sus derechos, pero con seguridad jurídica y financiación suficiente, algo que a su entender aún no sucede porque el documento no va acompañado de una memoria económica “suficiente y rigurosa” y porque “carece de igualdad real en función de la comunidad en la que viva” el usuario.

Por el PSOE, Inés Plaza agradeció al movimiento de la discapacidad y la dependencia sus aportaciones para mejorar el texto que, dijo, “también es suyo”. “Han sido exigentes y esa exigencia ha hecho que esta ley mejore”, afirmó en relación a una norma que, a su entender, “lleva su huella” y que, entre otras cuestiones, garantiza la accesibilidad universal y “refuerza” los derechos de las personas con discapacidad.

"FORTALECE" LA ASISTENCIA

En paralelo, “fortalece” la asistencia personal para “hacer efectivo” el derecho a la vida independiente y fija en tres meses el plazo para resolver procedimientos, además de eliminar la incompatibilidad de prestaciones y garantizar que la financiación del sistema “sea suficiente” y que el Estado “asegure al menos el 50% del gasto certificado por las comunidades autónomas”.

Por todo ello, defendió que es una ley “más garantista, ambiciosa y útil para mejorar la vida de las personas”, convencida de que sus derechos “están por encima de cualquier diferencia” y de que, con este trámite, el Congreso da “un paso más para que miles de personas puedan desarrollar su proyecto de vida con más autonomía, derechos y oportunidades”.

Desde Sumar, Lander Martínez, defendió que se trata de “una de las grandes reformas sociales de las últimas dos décadas” que permitirá al sistema “comenzar una nueva etapa mejor financiado, más resiliente y más cercano”.

UNA NUEVA ETAPA

A su juicio, es una “ambiciosa norma” que consigna la accesibilidad universal como derecho, el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia, ayuda para cuidadores y apoyo a domicilio, reforzando también la teleasistencia.

Por ERC, Jordi Salvador defendió que la ley es “de las más importantes de esta legislatura” y confirmó su “voto positivo en principio a pesar de las cosas a concretar”, convencido de que el decreto de financiación que acompaña a la ley “no es un cheque en blanco, mejora el presente, pero no garantiza el futuro”.

“Con declaraciones de intenciones no se cuida a nadie y sin dinero no hay voto”, apostilló, convencido de la necesidad de aprobar la reforma por “todo lo bueno que aporta” y “a pesar de las deficiencias”.

Por Junts, Pilar Calvo denunció que el decreto “es un cheque sin fondo del Gobierno” y que la reforma “volverá a ahogar económicamente a Cataluña tal y como está redactada”.

FINANCIACIÓN Y COMPETENCIAS

Entre sus “líneas rojas” mencionó la importancia de garantizar la “corresponsabilidad económica” entre el Estado y las autonomías al 50% y un “respeto escrupuloso competencial”, convencida de que España tiene un sistema de la dependencia “injusto, perverso y terriblemente opaco que ahoga a los servicios sociales autonómicos y locales” para los que la nueva normativa es “un estoque".

Para Bel Pozueta, de Bildu, la ley es “un paso más” en la construcción de un sistema de cuidados “digno, justo y coherente” con las demandas de los colectivos, si bien queda “pendiente”, según su criterio, avanzar hacia un sistema de copago “más justo” y saldar las “deudas históricas” con las víctimas de la polio o las esterilizaciones forzadas, así como la exención completa del pago en los cuidados residenciales y domiciliarios.

Por el grupo vasco, Maribel Vaquero, de EAJ PNV, explicó que su grupo mantenía vivas las enmiendas porque “son importantes y mejorarían el texto”, sobre todo aquellas relativas a las víctimas de postpolio o amianto que, a su juicio, “solucionarían muchos de los problemas que tienen y no habría tanta conflictividad en los juzgados”.

Por último, desde Podemos, Noemí Santana dijo echar en falta una apuesta decidida por las prestaciones económicas suficientes, sobre todo para las cuidadoras, la actualización de cuantías conforme al SMI, más ayuda a domicilio, asistencia personal, respiro familiar y una red pública de cuidados “fuerte”.