Lo hará a la vista del informe definitivo elaborado por la ponencia, fase que el proyecto superó este miércoles con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox. La iniciativa busca ampliar y reforzar los derechos de las personas con discapacidad en materia de inclusión, autonomía y accesibilidad universal, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución española.

En este contexto, el PSOE dijo entonces que “celebra” que la ley “empiece a ver la luz” tras un trabajo parlamentario que consideró fruto del diálogo con las personas dependientes y con las personas con discapacidad, que reclamaban este acuerdo para su posterior aprobación definitiva en el Pleno.

Además, valoró que todos los grupos, salvo PP y Vox, han “apoyado” la aprobación de las enmiendas por mayoría.

VOTOS A FAVOR

“Los grupos minoritarios han entendido la necesidad de su aprobación y esperamos que en Comisión y Pleno todos los grupos voten a favor de esta ley”, subrayaron las fuentes socialistas.

Por su parte, desde Sumar indicaron que la ponencia “es un avance de cara a aprobar la Ley de Dependencia”, que, a su vez, ve como “un factor fundamental” para “actualizar” el sistema de cuidados y “modernizarlo” y “más importante aún con la aprobación del real decreto de Financiación de dependencia de la semana pasada”.

“Esperamos que todos los grupos parlamentarios se sigan implicando en el desarrollo de esta ley para poder tenerla terminada cuanto antes y así mejorar la vida de la gente”, resolvieron desde el grupo parlamentario.

El pleno del Congreso aprobó el 11 de diciembre la toma en consideración de la reforma, una medida impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que busca construir un sistema de cuidados público y de calidad tanto para las personas con discapacidad como para aquellas que viven en situación de dependencia. También promueve el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y a la autonomía personal, según informó en su momento el Gabinete liderado por Pablo Bustinduy.

La reforma constituye un “paso decisivo”, a juicio del ministerio, para desplegar el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución, que sitúa la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal como “pilares de los derechos de las personas con discapacidad”.

MÁS SERVICIOS Y PRESTACIONES

El texto legislativo prevé la incorporación de más servicios y prestaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012, además de eliminar el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

Esto va a permitir una mayor personalización en la atención a cada persona, avanzando en la transformación del sistema de cuidados que el Ministerio de Derechos Sociales lleva tiempo impulsando para “dejar atrás el modelo asistencialista sobre la base de la Estrategia Estatal aprobada en 2024 para ofrecer cuidados de proximidad”.

La reforma consolida la accesibilidad universal como un derecho, generando obligaciones para que la sanidad, la vivienda, los ayuntamientos y el patrimonio histórico sean universalmente accesibles, y establece un fondo económico público para financiar estas intervenciones de supresión de barreras.

Por primera vez, una ley estatal reconocerá de forma expresa las necesidades de las familias de las personas con discapacidad, generando obligaciones para que los poderes públicos ofrezcan apoyos para la crianza y los cuidados.

MUJERES Y NIÑOS

Y, en línea con el artículo 49, el proyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres con discapacidad, incidiendo en la importancia de proteger su realidad de la cultura “capacitista y machista” y garantizar su salud sexual y reproductiva.

Asimismo, reconoce la atención temprana como un derecho subjetivo de todas las niñas y los niños.

La norma también establece la teleasistencia como un derecho, amplía la ayuda en el domicilio y permite compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema, otorgando mayor autonomía a las personas con discapacidad y fomentando su inserción laboral.

El proyecto de ley también establece un marco para fomentar la tecnología orientada a la mejora de la calidad de los servicios sociales e incorpora medidas para desburocratizar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y la discapacidad. Esto incluye la eliminación de cargas administrativas al equiparar automáticamente la dependencia a la situación de la discapacidad para que puedan beneficiarse de más derechos y protección social.