Además, en la primera actuación se incautaron de 850.000 euros en efectivo en el domicilio particular y el domicilio social del presunto responsable de los delitos y se ha estimado un fraude fiscal de un millón de euros, en tanto que en la segunda, se incautaron 18.000 euros en efectivo y se ha procedido a la detención de tres personas, según informó la AEAT en un comunicado.

En la primera actuación, denominada ‘Operación Globos’, funcionarios de Vigilancia Aduanera y miembros de la Oficina Nacional de Investigación de Aduanas de la Agencia Tributaria aprehendieron tres contenedores que transportaban cada uno 1.150 botellas de 12 kilos del gas fluorado R-134, que incumplía la normativa sobre tránsitos aduaneros.

En total, se intervinieron 41.000 kilos intervenidos, lo que supuso la mayor aprehensión de este tipo de gases realizada hasta la fecha en España por la Agencia Tributaria.

Hacienda detalló que estos gases iban a ser introducidos en el mercado “sin haber satisfecho los impuestos legalmente exigibles”, de manera que obtendrían “una ventaja competitiva frente a otros operadores legales”.

La Agencia Tributaria abrió la investigación sobre estos tres contenedores en junio, cuando salieron del puerto de Barcelona con destino declarado a Sevilla, pero nunca llegaron, ya que por el camino se desviaron hacia el municipio de Almazora, en Castellón.

Una vez allí, los investigadores procedieron a la intervención y aprehensión cautelar del primero de los tres contenedores, tras acreditar que incumplía la normativa sobre tránsitos aduaneros y, por tanto, la comisión de un delito de contrabando.

Esta circunstancia quedó acreditada cuando se tuvo constancia de que documentalmente la organización había comunicado a la Aduana que la mercancía se encontraba ya en Sevilla, lugar al que nunca llegó.

La Agencia Tributaria también informó en su comunicado de que, con un intervalo de una hora, llegaron al mismo domicilio los otros dos contenedores, de manera que se corroboró “la intencionalidad de cometer el delito de contrabando con los tres contenedores”.

Los investigadores concluyeron que el presunto autor material e intelectual de los delitos utilizaba varias empresas que tenían su sede fiscal y social en el municipio de Algeciras, por lo que se procedió a solicitar la entrada y registro del domicilio particular del administrador de las dos sociedades involucradas, así como de la sede social de ambas mercantiles.

Tras ser autorizadas las entradas y registros por el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Castellón de la Plana, se llevaron a cabo el pasado día 2 de octubre. Allí se intervino numerosa documentación y se procedió al clonado de diversos equipos informáticos y teléfonos móviles; además, se llevó a cabo la aprehensión de más de 724.000 euros en el domicilio particular del investigado y de algo más de 126.000 euros en el domicilio de las empresas investigadas.

DESVÍO FRAUDULENTO

El esquema de fraude en esta operación se basa en la utilización del régimen aduanero del tránsito, que consiste en que la mercancía sale de un recinto aduanero con destino a otro sin satisfacer los impuestos legalmente exigibles.

Con este método se permite que la mercancía pueda viajar entre dos recintos aduaneros distintos, pero siempre cumpliendo la normativa sobre tránsitos aduaneros. Una vez en el recinto aduanero de llegada, la mercancía debe recibir un destino aduanero concreto, que puede ser la importación, la exportación o cualquier otro autorizado por la normativa, como explicó la AEAT.

En estos casos de utilización del régimen de tránsito, que ya se ha utilizado en otras ocasiones para distintos ilícitos y que la Aduana española vigila especialmente, se requiere de los conocimientos y práctica de profesionales que tienen la acreditación de agentes privados de aduanas, puesto que deben conocer estos procedimientos especiales y disponer de las acciones necesarias frente a la Aduana para finalizar los tránsitos y disponer de la mercancía contraviniendo las disposiciones aduaneras.

SEGUNDA ACTUACIÓN

La segunda actuación se produjo el pasado viernes, 17 de octubre, cuando los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, a partir de información recibida de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), procedieron a localizar y a realizar el seguimiento de un camión en el momento de su entrada en España por La Junquera.

El seguimiento del camión continuó hasta la provincia de Alicante, donde los investigadores constataron que el vehículo se había detenido en una campa de camiones en la localidad de Albatera.

Los investigadores se percataron de la aparición en ese lugar de dos individuos en un automóvil que, tras ponerse en contacto con el conductor del vehículo que transportaba los gases, ejercieron de guía y acompañante del camión hasta una nave industrial de la localidad de San Isidro (Orihuela).

Allí comenzaron a descargar las bombonas con gas refrigerante con la finalidad de ser almacenadas y posteriormente distribuidas mediante furgonetas de alquiler más pequeñas.

Los clientes finales de las botellas remitían su ubicación al teléfono de una de las tres personas que finalmente resultaron detenidas, el conductor del automóvil y dos personas que estaban descargando las botellas.

En total se incautaron 12.000 kilos de gases que tendrían una valoración aproximada de 413.000 euros.

En este caso, los responsables habían declarado para el contenedor que transportaba los gases una exportación desde el puerto francés de Calais con destino a Kenia. Al no realizarse esa exportación y ser descargada la mercancía en la nave de Alicante se produjo un delito de contrabando.

La investigación, realizada por las unidades operativas de Cataluña, Valencia y Alicante de Vigilancia Aduanera y cuyas diligencias instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, sigue abierta y no se descarta la posible existencia de una organización criminal dedicada al contrabando de gases fluorados en el sur de la provincia de Alicante, formada tanto por ciudadanos ucranianos como por nacionales españoles.