Así lo indicó en su valoración del texto normativo que aprobó este miércoles definitivamente el Senado, que introducirá topes a las subidas de precio de los contratos de alquiler y la posibilidad de limitar precios en zonas tensionadas a grandes tenedores y nuevos contratos que entren en el mercado, entre otras novedades. Duelo estuvo acompañado por otros miembros de API, como Carles Sala, Montserrat Junyent y José Merino.

Duelo subrayó que esta norma, pactada por el Gobierno con ERC y EH Bildu, actúa como “moneda de cambio político”, ha desembocado en “el peor guiso político del siglo XXI”. Además, destacó las críticas “unánimes” entre juristas y economistas a la ley, que no debería ser “fuente de tanta alegría y populismo emocional” de los proponentes. “Como no quiero dudar de su mala fe, solo me queda dudar de su competencia”, incidió.

Asimismo, señaló que toda la sociedad será “responsable” si “calla” ante “los abusos” contra el derecho a la propiedad privada y al de una vivienda digna, temas sobre los que, según el representante de los agentes inmobiliarios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha perdido “el pulso de los expertos”.

El presidente de los API abundó en la posible inconstitucionalidad de esta ley y señaló que, además de los pronunciamientos públicos de líderes regionales, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que anunció en marzo que presentaría un recurso a la norma, podría haber hasta cuatro más, alguno de ellos por parte “de alguien que ha apoyado esta ley”.

En su informe, los agentes subrayan que debe analizarse jurídicamente si la norma "desconfigura suficientemente el derecho a la propiedad privada” y también porque "conculca los más elementales principios del libre mercado, y, además, porque invade competencias autonómicas y la tutela judicial efectiva”.

Asimismo, Duelo señaló que el hecho de que haya medidas cuya aplicación dependa de las comunidades autónomas potencia el “desequilibrio” e incita a la “polarización” de las políticas de vivienda y anticipó que se convertirá, como las leyes de Educación, en el “nuevo juguete legislativo de los próximos gobiernos”. La asesora jurídica de API, Montserrat Junyent, señaló que la vivienda requiere un “consenso” del que carece esta norma.

CONTROL DE PRECIOS

En cuanto a los controles de precio, Duelo recordó la frase del economista sueco Carl Eugen Lindbeck, quien dijo: “La mejor receta para destruir una ciudad, aparte de bombardearla, es controlar el precio de los alquileres”. El presidente de API subrayó que un mercado intervenido es “más proclive a la economía sumergida y a las soluciones imaginativas para eludir el límite de precios”.

Según Duelo, con estas medidas “se promueve el intervencionismo sobre la propiedad privada, afectando a sus derechos constitucionales y pretendiendo que aquellos que tienen una propiedad hagan el trabajo que tiene que hacer el Gobierno”.

En este sentido, el presidente de API señaló que la norma “elude y esconde irresponsabilidades pasadas”, ya que la situación actual es, según su opinión, fruto de “una escasa y nefasta política de vivienda social arrastrada durante años”. De hecho, en el informe, se subraya que la entrega a ciudadanos de viviendas protegidas con un plazo de descalificación de 10 o 15 años ha sido una de estas cuestiones que habría permitido tener hasta cuatro millones de viviendas protegidas actualmente. Junyent subrayó que los API sí están “más de acuerdo” con la calificación permanente a la vivienda protegida que incorpora la norma.

Una de las principales consecuencias de la norma, repetida en esta ocasión por los agentes inmobiliarios, es que reducirá la oferta de alquiler. Según el informe presentado, ya se han “documentado” reducciones de oferta, pues, según Merino, se va a ahuyentar al “pequeño inversor” inmobiliario y aquellos que tengan una vivienda heredada o a los que les finalice el contrato de alquiler en vigor decidirán mayoritariamente pasar al mercado de compraventa.

Sobre si esta cuestión puede producir una bajada de precios en este mercado al incrementarse la oferta, Carles Sala dijo que tendrá un efecto “clarísimo” en zonas tensionadas, pero añadió que el comportamiento actual de los precios de las viviendas se debe más a la subida de los tipos de interés.

INSEGURIDAD JURÍDICA

Otras de las críticas se dirigieron a la inseguridad jurídica que supone la norma en cuestiones como la definición de gran tenedor, que se ha rebajado a cinco viviendas si las comunidades autónomas así lo deciden. Para Duelo, es muestra del “poco rigor” de la norma y “otra absurdez al servicio del populismo” que sólo busca incluir a más viviendas en la regulación de precios.

Además, los expertos criticaron las fórmulas que utiliza la ley para dar cobijo a la normativa autonómica y que, según Duelo, “denotan continuamente la falta de competencia del Estado para regular según qué materias en el ámbito de la vivienda”.

También, en referencia al control de precios, criticaron que, a diferencia de la ley catalana aprobada en 2020 que introducía también limitaciones y establecía los municipios en los que durante un año se iba a topar, en la nueva norma serán las comunidades autónomas quienes tendrán que iniciar un proceso para solicitar la declaración de zona tensionada. Los expertos prevén que se tarde “meses” en que entre en vigor la contención de rentas.

Asimismo, sobre las deducciones fiscales para los propietarios que alquilen pisos, que pueden llegar al 90% si rebajan un 5% la renta, señalaron que es la única cuestión de la norma que entrará en vigor el 1 de enero de 2024, por lo que un propietario que vaya a hacer un contrato en estos meses “tendrá que hacer muchos números”.

Sobre el cambio que obligará a los propietarios a asumir el 100% de los honorarios de las inmobiliarias, Merino calificó como “significativo” la incidencia de esta norma en la “forma de remuneración” de la intermediación contratos de alquiler ya que los organismos de competencia suelen poner sanciones por cuestiones contrarias. Según el experto, se producirán muchas “reclamaciones” de inquilinos que paguen los honorarios y, tras informarse, reclamen su devolución. Duelo subrayó, además, que esta cuestión apareció a última hora en la ley y el Gobierno impidió a los agentes inmobiliarios siquiera “debatirla” o mostrar su oposición.

OKUPACIÓN

No obstante, una de las mayores críticas fue por el “aliento de la okupación” que produce la norma, argumento esgrimido por el PP y otros partidos de la oposición para oponerse al texto. Pese a que los expertos quisieron enfatizar la diferencia entre la “okupación delincuencial” y aquellos casos de personas vulnerables que no pueden afrontar el pago de un alquiler, destacaron la “picaresca española” para acogerse a las novedades introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que introducen mayor protección para los desahucios de personas con problemas económicos.

“Alienta la ocupación porque se está protegiendo, en el momento que una persona está dentro, la posibilidad de recuperación inmediata de ese inmueble”, incidió Montserrat Junyent.