El decreto introduce una serie de ajustes técnicos que flexibilizan determinados plazos y condiciones para los beneficiarios y las autoridades de gestión de las comunidades autónomas. Además, incorpora cambios demandados por estas administraciones, como la posibilidad de llevar a cabo inversiones directas y de que los impuestos indirectos sean subvencionables para aquellas entidades beneficiarias que no puedan repercutirlo o compensarlo. También se actualizan las referencias normativas al nuevo marco jurídico en materia de ayudas de Estado.

Se amplía la vigencia de los programas de apoyo a inversiones hasta el 31 de marzo de 2024 y se clarifican los beneficiarios, para recoger específicamente las explotaciones de titularidad compartida.

En lo relativo a inversiones en bioseguridad, se incluyen las actuaciones que pueden realizarse directamente por las comunidades autónomas. Así se amplía el objeto subvencionable a la realización de inversiones en medios y sistemas de sacrificio y eliminación de animales afectados por enfermedades epizoóticas en las que hay intervención de las administraciones, para garantizar las medidas de bioseguridad necesarias e impedir la transmisión de dichas enfermedades infecciosas.

Hasta este momento, la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural ha acordado la distribución entre las comunidades autónomas de 237,5 millones de euros para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión en explotaciones agrícolas y ganaderas (inversión C3.I4).

De esta cantidad, 102,7 millones de euros corresponden a 2021, 101,8 millones a 2022 y 33,03 millones a 2023. De esta forma, las comunidades autónomas pueden atender la totalidad de las solicitudes recibidas en la convocatoria de 2022 y publicar nuevas convocatorias en 2023.