Según han informado a Servimedia fuentes de la Administración, la sequía que sufren importantes zonas del país y el creciente interés empresarial por este tipo de negocios han impulsado al Gobierno a diseñar un decreto que regule las condiciones de desalinización en España.

El interés de ambos ministerios estriba, por el lado del MOPTMA, en lograr paliar la escasez de agua mediante suministros alternativos, y por el de Industria, en evitar a toda costaque el precio resultante de la desalación con plantas eléctricas se traslade parcialmente a la tarifa de la luz.

Uno de los proyectos que ha levantado el interés de la Administración es el que se pretende llevar a cabo en Almería, aprovechando una planta térmica de fuel que se convertirá a gas y aprovechará la energía resultante para desalar agua de mar.

El coste estimado del proyecto ronda los 8.000 millones de pesetas que, según Industria, sólo deben repercutir en la tarifa eléctrica por lo queal coste de generación de la luz se refiere.

Las plantas eléctricas susceptibles de ser utilizadas se encuentran actualmente acogidas a la regulación sobre amortización de las inversiones y de los costes fijos y variables en que incurren. Por eso existe el peligro de que la inexistencia de una normativa, que se pretende paliar con ese decreto, permitan descargar sobre el recibo de la luz parte de los costes del tratamiento de agua.

DUDAS EN INDUSTRIA

Además, el régimen especial eléctrico en el ue se inscriben las instalaciones de cogeneración tampoco es válido en el caso de las desaladoras. Habitualmente estas instalaciones se crean por grupos empresariales para autoabastecerse de electricidad aprovechando el vapor u otras materias primas para sus procesos productivos, y vertiendo la energía sobrante a la red de alta tensión con un precio superior al normal.

De permitirse este sistema, esas empresas obtendrían un precio por kilovatio que vierten al sistema eléctrico superior al normal. Amorizarían así parte de los costes de tratamiento del agua, ofreciéndola a un precio más asequible al ciudadano a costa de otros consumidores.

Entre las soluciones que baraja el Ministerio de Industria figura la de sacar también del sistema especial de cogeneración a estas instalaciones.

Los dos problemas que genera esta solución es que dichas plantas se han beneficiado hasta ahora del sistema de amortizaciones de instalaciones eléctricas contemplado en la regulación eléctrica, por lo que también seproduciría una discriminación respecto a las nuevas plantas que se creen, y, en segundo lugar, que no se beneficiarán de dichas amortizaciones vía tarifa eléctrica.

Por el momento, el borrador del real decreto está siendo estudiado por la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional (CSEN), que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez. Este deberá informar al Ministerio de Industria sobre las condiciones de la regulación.

INVERSIONES PENDIENTES

Los responsables de Obras Públicas parecen tener más clar la regulación, y el decreto no plantea problemas en lo que a la desalación de agua se refiere.

De hecho, el equipo de José Borrell se encuentra a la espera de que Industria resuelva todas sus dudas para aprobar el drecreto e iniciar un plan de desaladoras que lleva más de un mes esperando, y que contempla inversiones públicas de unos 25.000 millones de pesetas para la creación de cuatro plantas desalinizadoras en Levante y Andalucía.

También la inicitiva privada se está movilizando, y existe ya n el Ministerio de Industria un proyecto para crear otras cinco plantas de cogeneración entre Murcia y alicante, que aprovecharían la energía para tratar el agua salada del mar, con una inversión de unos 40.000 millones de pesetas.