Un nuevo estudio conjunto de HelpAge International y Amnistía Internacional reveló que las personas mayores de Gaza están soportando un daño extremo como consecuencia del bloqueo continuado de Israel a la ayuda humanitaria y a los medicamentos esenciales. El informe documenta cómo muchas personas mayores se ven obligadas a saltarse comidas o racionar medicación vital, incluso tras haber sufrido múltiples desplazamientos desde octubre de 2023.

La organización de derechos humanos informó sobre el bloqueo israelí y cómo continúa causando daños extremos a la población civil palestina, mientras que en otros países como Irán, Corea del Norte y Rusia se intensifican las campañas represivas contra la sociedad civil y los defensores de derechos humanos.

Pese a la reducción de ataques tras el alto el fuego de octubre de 2025, la organización señaló que "no hay mejoras sustanciales en las condiciones de vida ni señales de un cambio en la política israelí hacia la población palestina de Gaza". Además, la prohibición reciente que impide trabajar a las organizaciones humanitarias agrava la situación de vulnerabilidad de este colectivo.

REPRESIÓN EN IRÁN

Por su parte, el premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi inició el pasado lunes una nueva huelga de hambre en la prisión iraní para denunciar las condiciones en las que ella y otras reclusas se encuentran. La organización explicó que se le niega el contacto con sus familiares y abogado, mientras su salud se ha visto deteriorada.

Esta situación refleja la realidad que enfrentan muchas de las personas detenidas tras el levantamiento del 28 de diciembre en Irán, cuando las autoridades iniciaron una campaña premeditada de represión e intimidación. Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de seguridad están allanando viviendas, deteniendo a manifestantes en hospitales y acosando a las familias de manifestantes fallecidos.

PENA DE MUERTE EN ISRAEL

La organización pidió a los miembros del Parlamento israelí que voten en contra de una serie de proyectos de ley que permitirían ampliar el uso de la pena de muerte y aplicarla de forma discriminatoria contra personas palestinas. Amnistía Internacional advirtió que algunas propuestas eliminan salvaguardias básicas del debido proceso y prevén incluso condenas obligatorias sin derecho a recurso.

Estas iniciativas van en contra de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena capital y profundizan el sistema institucionalizado de discriminación, según la organización.

De otro lado, Amnistía Internacional consideró que el ataque de Estados Unidos contra Venezuela constituye un uso ilegal de la fuerza y una violación de la Carta de la ONU. La organización alertó de que este acto de agresión pone en peligro a la población civil y puede sentar un precedente extremadamente peligroso, mientras los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Maduro siguen sin verdad, justicia ni garantías de no repetición.

En Corea del Norte, testimonios recogidos por la organización, revelaron que "ver programas de Corea del Sur puede acarrear desde humillación pública hasta la ejecución". Los castigos más severos recaen sobre quienes no pueden pagar sobornos, en un sistema profundamente arbitrario y corrupto que normaliza el miedo, las detenciones y las ejecuciones públicas como método de control social.

Además, las autoridades rusas intentan prohibir por "extremistas" a destacadas organizaciones Lgtbi utilizando de forma abusiva la legislación antiextremista. Amnistía Internacional denunció que esta estrategia busca eliminar la sociedad civil independiente, legitimar la homofobia institucional y silenciar a quienes defienden la igualdad y la dignidad humana.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a España suspender los desalojos de familias con menores hasta que exista una alternativa habitacional adecuada. Esta recomendación se produjo en la misma semana en la que organizaciones sociales advirtieron, tras la división en dos del Real Decreto que contenía el escudo social y la moratoria anti desahucios, de que las familias siguen en riesgo.

Finalmente, la organización reclamó que la protección frente a los desahucios sea una prioridad inmediata de las autoridades, mientras el Real Decreto aún debe ser convalidado en el Congreso.