Según un comunicado difundido hoy por AI, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, César Gaviria, "habría estado presionando" a las autoridades de Panamá para que se otorgue el asilo político a Montesinos, quien hasta el pasado 14 de setiembre fue asesor del Servicio de Inteligencia de Perú, organización que ha sido denunciada por haber violado "de forma sistemática" los derechos humanos.

"El hecho de que algunos gobiernos se encuentren asistiendo al ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional peruano en su solicitud de asilo político, en vez de investigar a Vladimiro Montesinos por las graves violenciones de derechos humanos en las que supuestamente estuvo involucrado, es totalmente inaceptable", dice AI.

Asimismo, adviert al Gobierno de José María Aznar de que incumpliría sus obligaciones internacionales si resulta cierto que nuestro país está tratado de ejercer de mediador para que a Montesinos se le conceda el estatuto de refugiado tanto en Panamá como en Marruecos.

Según Amnistía Internacional, el Servicio de Inteligencia Nacional de Perú es responsable de la ejecución extrajudicial de 16 personas en Barrios Altos, Lima (noviembre de 1991), la desaparición y asesinato de 11 universitarios (julio de 1992) y las tortras de una agente del Servicio de Inteligencia del Ejército en 1997.

AI destaca que la prohibición de asilar a sospechosos de crímenes contra la humanidad viene recogida en diversos tratados y declaraciones internacionales, uno de los cuales, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, fue ratificada por España y por Panamá.

Además, destaca que Panamá firmó dos acuerdos internacionales por los que se compromete a investigar y enjuiciar a los presuntos responsables de crímenes contra la humnidad, una vez que éstos se encuentran dentro de su territorio.