Según Livia Saccardi, directora adjunta de AI para Asia del Sur, esto supone una clara violación del derecho internacional y atenta directamente contra el derecho a la vida. AI subrayó que las ejecuciones públicas "deshumanizan a las víctimas víctimas y contribuyen a brutalizar a todos aquellos que las presencian".

Por todo ello, AI pidió al Gobierno talibán de facto que ponga fin a la pena de muerte en el país y no lleve a cabo más condenas. Además, instó a la ONU y a la comunidad internacional a que presionen al Gobierno talibán para garantizar los derechos humanos en Afganistán. "Ya es hora de que actúen" y tomen cartas en el asunto, demandó.