La compañía señaló que el Tribunal Supremo ha dictaminado que Airbnb es un prestador de servicios de la sociedad de la información y no de servicios turísticos o inmobiliarios. Considera que este fallo es un paso adelante para seguir colaborando con los gobiernos, “dejar por fin de lado este caso -abierto desde 2015-” y trabajar de manera conjunta en una normativa “clara, adaptada a la realidad actual de los viajes y que apoye a los particulares y a las familias”.

Así lo indica Mónica Casañas, directora general de Airbnb Marketing Services SL, en un escrito que ha remitido a diferentes administraciones públicas en Cataluña al que ha tenido acceso Servimedia, en el que señala que Airbnb es un “buen aliado de las administraciones públicas” y ha trabajado con miles de gobiernos y organizaciones en todo el mundo.

Explica que en Cataluña, desde 2018, la plataforma facilita a los anfitriones que anuncian viviendas de uso turístico una herramienta para que éstos puedan mostrar su número de registro, lo que facilita la labor de inspección e identificación por parte de las autoridades.

Pone como ejemplo que la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona a través del intercambio de información con Airbnb ha permitido al consistorio identificar y eliminar de la plataforma más de 7.000 anuncios.

Asimismo, añade que cuando en agosto de 2021 entró en vigor una modificación del decreto de turismo en Cataluña que creaba la modalidad de ‘llars compartides’ (alquiler de habitaciones), se activó la misma herramienta para que los anfitriones de la recién regulada categoría también pudieran mostrar su número de registro.

“En Airbnb estamos convencidos de que compartir tu hogar es bueno para Cataluña, ya que crea nuevas oportunidades económicas para las familias locales. La posibilidad de alquilar una casa a viajeros ha supuesto un salvavidas económico para muchas personas tras el devastador impacto de la covid-19”, apunta Casañas en el escrito.

Según un estudio de Oxford Economics, pese a que la actividad turística disminuyó en toda la UE durante la pandemia, la actividad generada a través de Airbnb facilitó la creación de 5,1 empleos por cada 1.000 llegadas de viajeros en 2020, una cifra superior a la de 2019, cuando sin pandemia, esa misma actividad ayudó a crear 4,7 empleos por cada 1.000 huéspedes.

El impacto que la plataforma tiene en los particulares, los comercios y los pequeños propietarios se refleja en que 8 de cada 10 anfitriones en Cataluña tienen un solo anuncio y en que casi casi la mitad del gasto que realizan los huéspedes tiene lugar en las cercanías o en los barrios donde se hospedan, según los datos que aporta la compañía.

Casañas expone que entre los valores de Airbnb figura trabajar con los gobiernos para apoyar la actividad de los particulares, “algo que se refleja en el posicionamiento remitido a la Comisión Europea, que está trabajando en estos momentos en nuevas normas sobre la actividad de alojamiento”.

Añade que en él Airbnb se ha comprometido a hacer cumplir las reglas armonizadas que salgan de la UE y ha propuesto que se endurezcan las condiciones para las actividades especulativas inmobiliarias. Al mismo tiempo, ha solicitado facilitar que los particulares puedan acoger viajeros en sus hogares.

“Airbnb sigue estando comprometida al 100% con los gobiernos locales y regionales en Cataluña para empoderar a los particulares y ser parte de la solución contra la masificación turística. Airbnb quiere asegurarse de que la plataforma funciona para todos y espera poder seguir trabajando con las administraciones y explorando los beneficios de las colaboraciones público privadas”, concluye.