Fernández-Huertas participó en un debate organizado por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) junto a la profesora titular de Sociología de la UNED e investigadora de Funcas, Elisa Chulia, y el profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia, Enrique Devesa.

Fernández-Huertas repasó el informe de la Airef presentado recientemente en el que el organismo constata que España cumple la regla de gasto en pensiones, ya que el gasto neto quedaría en el 13% del PIB entre 2022 y 2050, por debajo del límite del 13,3% fijado. Pese a ese cumplimiento, señaló que la Airef pide “mirar más allá de lo que es la propia regla de gasto en pensiones”, pues “no garantiza por sí misma la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas”.

Según el responsable de Análisis Presupuestario de la Airef, la regla de gasto en pensiones “ofrece una visión muy parcial de la sostenibilidad” porque aun con transferencias y con el “importante” aumento del gasto en pensiones, se cumple la regla al tiempo que “reduce el margen para otras políticas”.

También apuntó que para verificar ese cumplimiento se toman como base unas proyecciones de envejecimiento hechas en 2022 cuando “la realidad demográfica en España ha cambiado mucho” por la llegada de inmigrantes para trabajar.

Igualmente, explicó que la regla para pensiones discrepa con el marco fiscal europeo porque permite cumplir la primera e incumplir lo segundo.

Fernández-Huertas indicó que la estimación de crecimiento del PIB promedio en términos reales es del 1,5% entre 2022 y 2050, basado en el crecimiento de la productividad y no tanto en creación de empleo. Ese nivel de crecimiento “no deja de ser uno de los puntos débiles”, según comentó, porque “no puede haber sostenibilidad si no hay crecimiento económico”.

La propuesta de la Airef pasa por una reforma de la regla de gasto en pensiones para integrarla en el marco fiscal europeo, ya que actualmente existe una regla de gasto europea, una regla de gasto nacional que no repercute sobre las pensiones y una regla de gasto específica para pensiones.

El profesor Devesa consideró que el sistema “habría que cambiarlo de arriba abajo” porque hasta ahora se han puesto “parches” y que la reforma previa a la de 2021, la de 2013, que incluía el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad, era “mejor”. No obstante, lamentó que el Factor de Sostenibilidad no se aplicó nunca y “sigo sin entenderlo” porque está presente en otros países y “no aumenta la insostenibilidad” económica del sistema.

Devesa afirmó que el sistema va incrementando la deuda progresivamente por su mayor generosidad que el de los países del entorno europeo. “Esto nos tiene que poner en alerta de que antes o después va a haber que reformar el sistema” y con una “reforma estructural porque en realidad lo que tenemos es un problema estructural”, avisó. A su juicio, “es un trampantojo” la entrada de afiliados porque percibirán pensión con el nivel de generosidad que tiene el sistema. Devesa planteó que se utilicen balances actuariales para tener en cuenta el ciclo de vida y no limitar el estudio del sistema a las entradas y salidas de afiliados.

Elisa Chulia juzgó que la reforma de 2023, que permite elegir el periodo de cómputo para calcular la pensión y añade un recargo en la cotización para los salarios más altos, fue “una oportunidad perdida” para reformar el sistema y “supuso un cambio de paradigma” porque las medidas que se adoptaron no están ligadas a la contributividad.

Según Chulia, “va a ser muy difícil revertir” esas medidas porque “se interpretan por la sociedad como derechos adquiridos” y “ningún gobierno se va a atrever”. Además, lamentó que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo “nunca ha sido un foro de debate técnico de altura” y pese a ello, se le otorga “legitimidad”.

También puso el foco en que los ciudadanos tienen “unos sesgos cognitivos muy potentes que inducen a pensar a corto plazo” y a no ahorrar para la jubilación, sino hacerlo puntualmente para un viaje o un coche, a diferencia de otros países como Holanda o Suecia en los que hay “decisores políticos y élites sociales que piensan un poco más a largo plazo”.