Así se recoge en la opinión que el supervisor fiscal publicó este viernes sobre el procedimiento presupuestario, en la que señala que estas debilidades se constatan desde 2014 –cuando inició su actividad– respecto a la información publicada como de procedimiento.

“Estas carencias”, añade la institución presidida por Cristina Herrero, “se vieron agravadas en los Presupuestos de 2023, donde la ausencia de información sobre las potenciales medidas contra la crisis, con un impacto estimado muy elevado, merma de manera esencial su utilidad como verdadero instrumento de política fiscal y, a posteriori, de rendición de cuentas y de control”.

La Airef ha formulado una serie de recomendaciones y propuestas al Ministerio de Hacienda y Función Pública para la subsanación de estas “carencias”, bajo la premisa de que “la existencia de un proceso presupuestario robusto redunda en una mejora de la calidad de las finanzas públicas y de la sostenibilidad de la deuda”.

Y ahora formula una serie de propuestas, entre ellas, que los Presupuestos se acompañen de escenarios plurianuales “que permitan enmarcarlos en la orientación de medio plazo que debe tener una política fiscal orientada a la sostenibilidad”, e incluyan información “que permita conciliar el saldo presupuestario con la contabilidad nacional” para que sea más fácil evaluar su compatibilidad con los objetivos de estabilidad.

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A su vez, la Airef lamenta también que las cuentas públicas no muestren la evolución real de los ingresos y gastos respecto al año anterior ni tampoco recojan “una relación completa y actualizada de los riesgos fiscales que pueden afectar al saldo del ejercicio”. En este sentido, apunta que tampoco contemplan “información suficiente de detalle” sobre las medidas de política económica previstas, anunciadas o temporalmente en vigor para absorber los riesgos fiscales.

Por ello, quiere que se mejore la información disponible “ofreciendo la comparabilidad con el ejercicio anterior, explicando las diferencias e incorporando la comparación con las previsiones más actualizadas al cierre del ejercicio en vigor”. Asimismo, plantea adaptar el Presupuesto al cumplimiento de las reglas fiscales, “incluyendo la información que permite conciliar los datos de la contabilidad presupuestaria y la contabilidad nacional, que es el modo en que se encuentran definidas las reglas fiscales”.

Asimismo, propone orientar las cuentas a resultados, “mejorando la definición de objetivos e indicadores, y creando un sistema de control ex post cuya evaluación sea pública y verse sobre la definición de los objetivos e indicadores, así como sobre la toma en consideración de su cumplimiento en la asignación presupuestaria”.

Y, al mismo tiempo y para mejorar la anticipación ante posibles desviaciones, plantea que el Presupuesto recoja información “completa, actualizada y cuantificada sobre los principales riesgos fiscales que podrían tener un impacto significativo en el saldo del ejercicio”. Adicionalmente, para mejorar su utilidad como instrumento de política económica y fiscal, plantea que comprenda las posibles medidas, ya sean simplemente previstas, anunciadas o temporalmente en vigor, para absorber los riesgos en caso de materializarse.

PLANES A MEDIO PLAZO

En cuanto al procedimiento, la Airef cree que no es posible asegurar la “coherencia” entre los principales elementos del ciclo presupuestario, es decir, la Actualización del Programa de Estabilidad (APE), los PGE y el plan presupuestario. Esto, según concluye la Airef, supone que “el proceso presupuestario en la práctica se encuentra fragmentado”, por lo que insta a revertir esta tendencia.

Por último, la Airef aboga por impulsar la rendición de cuentas en las Cortes Generales, “ampliando la información que se remite para su debate y aprobación, de manera que sean unas cuentas más completas y transparentes”.

Todas estas propuestas, según la institución, reforzarían los Presupuestos como instrumento de política fiscal y económica, así como para la rendición de cuentas y el control, “algo fundamental porque la existencia de un proceso presupuestario robusto redunda en una mejora de la calidad de las finanzas públicas y de la sostenibilidad de la deuda”.