La presidenta de Airenet, Silvina Frucella, explicó a Servimedia que están "muy contentos con el inicio de la investigación por parte del juez ya que así no somos sólo nosotros los que decimos que Tersa ha estado cometiendo delitos ambientales, sino que ahora pasa a ser investigada tras la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, al considerar que atenta contra nuestra salud y contra los recursos naturales. Solo buscamos que se haga justicia".

Además, Silvina Frucella considera que "Tersa no es la incineradora de Sant Martí o de Sant Adrià, sino la que contamina toda el área metropolitana de Barcelona. No dejaremos de exigir que se condene a los responsables”. Airenet iniciará pronto una campaña para recaudar fondos para poder asumir los costes del desarrollo del proceso judicial.

El juzgado de Instrucción número 5 de Badalona (Barcelona) está investigando a la incineradora de Sant Adrià de Besòs tras una denuncia presentada a finales de marzo por la Fiscalía y que ha sido admitida a trámite. Fuentes judiciales informaron a Servimedia de que el juzgado de Badalona ha abierto una causa tras la iniciativa del fiscal, que denunció la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en relación con el funcionamiento de esta incineradora, que gestiona la empresa pública Tersa.

El juez ha solicitado diversa documentación que se espera no esté disponible antes de 4 o 5 semanas y que se entiende servirá para hacer avanzar las diligencias de investigación.

La denuncia de la Fiscalía que está estudiando el juzgado de Badalona se presentó en marzo pasado tras otra denuncia que en 2018 formuló la coordinadora vecinal Airenet, que sostenía que la incineradora estaba funcionando de forma irregular. Esta entidad vecinal representa a asociaciones y entidades de los municipios de Badalona, Sant Adriá del Besòs y Barcelona.

La iniciativa del Ministerio Público señalaba como posibles responsables del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que se habría cometido al presidente de Tersa y concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, y al jefe de explotación de la empresa.

El fiscal señalaba en su escrito ante el juzgado que el “mal funcionamiento” de la incineradora, de acuerdo con “informes publicados en revistas científicas”, estaría generando “unos niveles de emisión de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos, muy elevados, lo cual suponía un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas” que habitan en las proximidades de la planta.

Airenet considera que hay estudios de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona que demuestran que los niveles de dioxinas emitidos por esta incineradora son más elevados en su entorno que en calles con alta circulación de coches, que también emiten estos compuestos.

Frucella también critica la pasividad del Ayuntamiento de Barcelona y de quienes han presidido Tersa -ahora, Badia y, antes, la concejal de Movilidad de Barcelona, Janet Sanz-, a los que ha acusado de escudarse en un estudio encargado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona que consideran incompleto porque no tiene todos los datos ni las consecuencias en la salud de los ciudadanos que viven alrededor de la Incineradora. “Tersa es una empresa tramposa que sólo se porta bien cuando la fiscalizan", ha indicado.

La presidenta de Airenet espera que la Generalitat "colabore en la causa judicial porque fiscalizó a Tersa y tiene datos que aportar. Espero que defienda a los ciudadanos y asuma sus responsabilidades, ya que es la encargada de controlar que se cumpla la normativa", ha dicho Frucella.

Por su parte, Tersa considera que la incineradora cumple con la normativa y quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la zona. La empresa, que manifesta su voluntad de colaborar con la Justicia, se refiere a los estudios de la Agencia de Salud Pública de Barcelona que "corroboran que no existe un problema de salud ocasionado por la planta".

La empresa pública también señala una auditoría del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña, de la que se desprende que las emisiones atmosféricas contaminantes están "holgadamente por debajo de los límites normativos" y que no tienen una incidencia "relevante" para el medio ambiente.