El acto tuvo lugar apenas una semana antes de que se inicie la campaña electoral que llevará a la ciudadanía extremeña a las urnas el próximo 21 de diciembre, con un debate abierto sobre postergar el cierre de la central nuclear de Almaraz (el 1 de noviembre de 2027 para su Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para su Unidad II).

“La energía nuclear es sucia porque genera residuos que aún no se saben gestionar de forma definitiva y que van a permanecer activos durante miles de años con un coste ambiental incalculable”, según José María González, coordinador de energía de Adenex. González subrayó que también “es cara porque los costes estimados de la energía nuclear son mayores que los de las energías solar, fotovoltaica y eólica”.

“Es peligrosa porque incrementa el riesgo de accidente de una instalación como Almaraz, claramente envejecida. Y es dependiente porque requiere la importación de combustible nuclear que nos hace depender de terceros países, afectando a nuestra soberanía energética al igual que ocurre con el petróleo y el gas”, añadió.

Por otro lado, las organizaciones ecologistas advirtieron de que alargar la vida de Almaraz bloquea el desarrollo de un sistema basado en energías limpias, locales y seguras, puesto que esta central ocupa un alto porcentaje del mix energético que podría estar producido con energía renovable.

MENSAJE CONTRADICTORIO

Por ello, indicaron que postergar su cierre lanzaría un mensaje contradictorio con la transición energética, además de suponer un incumplimiento de los compromisos recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec).

“Cerrar Almaraz es una oportunidad para invertir en el desarrollo real de comunidades energéticas locales que permitan a los municipios y cooperativas generar, almacenar y gestionar su propia energía y acabar con el oligopolio energético; es también una oportunidad para dar apoyo a sectores estratégicos del territorio, como la agricultura ecológica y su transformación o para el turismo de naturaleza”, declaró Julio César Pintos, coordinador de Ecologistas en Acción de Extremadura.

Finalmente, las organizaciones demandaron que se mantenga el cierre definitivo y en plazo de la central nuclar de Almaraz en 2027 y 2028, y realizar una investigación para que los residuos acumulados sean almacenados de forma que se garantice que no haya contaminación a largo plazo para las generaciones futuras.

Además, demandaron un Plan de Transición Justa para Campo Arañuelo, con participación local y financiación pública, que garantice alternativas económicas sostenibles, y la restauración ecológica total del emplazamiento nuclear una vez concluido el desmantelamiento y el periodo de vigilancia.

“Las eléctricas han tenido décadas de beneficios y las centrales nucleares siempre han traído consigo incidentes y accidentes como el de Palomares, el de la Ciudad Universitaria de Madrid o el accidente en Vandellós. No pueden ahora exigir rebajas fiscales, como ha ocurrido con la ecotasa en Extremadura, ni transferir a la sociedad los costes y riesgos de sus decisiones”, comentó Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Extremadura.